M. VÁZQUEZ / A. MOLEDO - SANTIAGO
Agentes acompañados por el titular del juzgado número 3 de Ferrol irrumpieron ayer a primera hora en el ayuntamiento de la ciudad departamental para registrar sus dependencias en busca de facturas, expedientes y otra documentación, correspondiente en su mayoría a obras contratadas entre 2010 y principios de 2011. El operativo, que se saldó con la intervención de varias cajas de documentos y los discos duros de, al menos, tres ordenadores, se enmarca en una investigación judicial por un presunto delito contra la Administración Pública y falsedad en documentos mercantiles y oficiales. Sin citar nombres, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, explicó que están siendo investigados dos funcionarios municipales y un exedil del anterior Gobierno socialista y añadió que los agentes recabaron facturas y documentación relacionada con una empresa ferrolana.
Fuentes municipales indicaron a Europa Press que el edil investigado sería Gerardo López Castrillón, responsable de Obras la pasada legislatura y ahora en la oposición. Pero desde el PSOE local dicen que no ha sido citado por el juez ni existen diligencias en su contra. En cuanto a la empresa, fuentes consultadas por este diario apuntan a Albanese, una firma ferrolana que logró varios contratos con el concello la pasada legislatura, entre ellos, parte de las obras de acondicionamiento del cuartel Sánchez Aguilera, un complejo militar cedido por Defensa que el concello empezó a rehabilitar hace dos años y que ya fue investigado por el juzgado número 3 de Ferrol. Al parecer, las diligencias practicadas con relación a estas obras habrían dado lugar a la actual investigación.
Según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ayer también se desarrollaron registros en "domicilios de personas físicas y jurídicas" aunque, por ahora, no hubo detenciones. Las pesquisas están bajo secreto de sumario y fuentes judiciales precisan que la instrucción quedará pendiente a partir de ahora "del estudio policial de la documentación que está siendo intervenida".
La comisión judicial, encabezada por el instructor Alejandro Morán Llordén, se presentó sobre las 8.00 horas en el consistorio y permaneció allí unas cinco horas. A pesar de la discreción de los policías, su presencia no pasó inadvertida. Los agentes se fueron con más de una decena de cajas precintadas y tras haber registrado varias dependencias, particularmente los departamentos de Obras y Servicios y los despachos de los aparejadores.
Rey Varela informó a los grupos municipales de la operación en una junta de portavoces de carácter urgente y secreto. Explicó que el Ejecutivo local recibió a primera hora la notificación del registro, que enmarcó en una investigación sobre una supuesta adjudicación irregular de obra pública a una empresa ferrolana. Dijo que los agentes reclamaron facturas emitidas a esta firma durante 2010 y principios de 2011, en la pasada legislatura. Rey Varela añadió que están siendo investigados dos funcionarios y un concejal del Gobierno anterior.
El Concello se personará como parte en el procedimiento abierto en el Juzgado número 3 de Ferrol. Rey Varela ofreció la colaboración total del concello con la Justicia para esclarecer los hechos.
La secretaria xeral del PSOE de Ferrol, Beatriz Sestayo, convocó al grupo municipal a una reunión para analizar lo ocurrido. "Lo único que sabemos es que hay una causa judicial abierta, que se han llevado documentación y ordenadores y poco más. No hay nadie citado a declarar, ni imputados, ni detenidos", declaró ayer.