A la ya renqueante marcha del concurso eólico gallego por tener que afrontar, al menos sobre el papel, una inversión de 5.600 millones de euros en una de las crisis más profundas, se acaba de sumar una nueva traba de consecuencias muy difíciles de prever. El Gobierno central ha suspendido de forma temporal e indefinida las primas a las nuevas instalaciones de energías renovables, entre las que se encuentra la eólica. La medida es crucial, pues supone anular unas bonificaciones que pueden llegar a suponer el 40% de los ingresos por la venta de electricidad producida con los aerogeneradores. Por esta razón, la suspensión de los incentivos pone al límite, cuando menos, la viabilidad económica del concurso eólico de la Xunta, que queda comprometida muy seriamente, y acarrea un frenazo al desarrollo de los parques pendientes, según fuentes del sector, que no descartan que el cambio normativo provoque además la renuncia de promotores que, sin las primas, se verían incapaces de conseguir financiación externa para costear sus proyectos al disminuir sustancialmente la rentabilidad. De la duración de la moratoria y de la letra pequeña que recoja el real decreto aprobado ayer en el Consejo de Ministros, pende el futuro de las renovables.
"Es la puntilla al sector. Preocupa mucho, muchísimo", aseguran fuentes de la eólica. Sin embargo, la Consellería de Economía e Industria optó ayer por no opinar sobre las posibles repercusiones del real decreto hasta que "analice en detalle los términos concretos de las medidas de carácter temporal". Tan solo aseguró que la Xunta "continuará trabajando para sacarle el máximo rendimiento y favorecer así a la economía de la comunidad". Esta postura nada tiene que ver con la del fallido decreto sobre las renovables impulsado por el Gobierno de Zapatero, que apostaba en su momento por rebajar las primas en torno al 40%. En su día, la Xunta censuró con dureza la medida el Ejecutiva socialista, al que atribuyó una intencionalidad para bloquear el desarrollo eólico, y presentó una batería de alegaciones para intentar desbaratar la normativa, que finalmente no se aprobó porque la legislatura llegó a su fin y el PP ganó las elecciones generales. Dejó la decisión en manos del nuevo Ejecutivo y éste acaba de decidir suspender indefinidiamente las primas.
En ese escenario, de una reducción de las bonificaciones del 40%, altos cargos del Gobierno gallego y técnicos del Inega llegaron a admitir que hasta 1.000 megavatios de los 2.325 adjudicados en el concurso estarían en peligro porque las empresas, al rebajarse la rentabilidad de la producción eléctrica, no podrían desarrollar sus planes industriales y conseguir los préstamos externos para financiar los proyectos.
"El objetivo es disminuir el déficit público, y la política energética no es una excepción", declaró el ministro de Industria, José Manuel Soria, tras la reunión semanal del Gobierno. La medida no es retroactiva. Las instalaciones que cobran primas las seguirán percibiendo, y también las que se hayan inscrito en el registro de preasignación, pero no así las que estaban en fase de tramitación –unos 500 megavatios que permitirá al Gobierno ahorrar incentivos por 160 millones de euros al año– ni las que estaban previstas apuntarse. En esta última situación se encuentran todos los promotores del concurso eólico gallego, cuya fase de desarrollo, aún incipiente, les impide de momento inscribirse en el registro.
La moratoria afecta a todas las energías del régimen especial, que engloba la generación con biomasa, los paneles solares, la eólica y la cogeneración.
Soria señaló que la finalidad es frenar también la generación del déficit de tarifa, que surge porque los ingresos del sistema son insuficientes para cubrir los costes de producción energética. Este desajuste ya supera los 24.000 millones y corre el riesgo de ser un problema financiero a un ritmo anual de crecimiento de entre 3.000 y 4.000 millones, según Soria. En 2011, tal como revela la liquidación provisional de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el sector recibió de los consumidores 6.409 millones de euros en primas. Para este año está previsto que los incentivos lleguen a los 7.200 millones.
El primer paso
"Es sólo un primer paso, no es una medida aislada para resolver el problema del déficit tarifa y frenar su ritmo de crecimiento", avanzó José Manuel Soria, quién puntualizó que, por el momento, no hay planteada una tasa para la nuclear aunque no es descartable.
El ministro de Industria añadió que la decisión de paralizar la concesión de primas no pone en riesgo la seguridad de suministro del sistema eléctrico e insistió en que la apuesta del Gobierno por las energías renovables es "firme". En este sentido, explicó que actualmente la capacidad instalada más que duplica a la demanda punta de energía, aquélla que se produce en los momentos de máximo consumo.
El Gobierno enmarca la decisión en "la compleja situación económica y financiera" y mientras se pone en marcha una reforma integral del sistema eléctrico. Soria argumentó además que esta decisión no compromete ni el cumplimiento de los objetivos de renovables fijados para 2020 ni el de los compromisos europeos, ya que hay "margen de maniobra".
El Ministerio de Industria asegura que con la medida se pone un "freno temporal a un sistema de retribución que entraña unos costes demasiado elevados para el sistema eléctrico". Aunque el Gobierno informó que el bloqueo de los 500 megavatios que estaban en tramitación para inscribirse en el registro que da derecho al cobro de las primas se ahorrarán unos 160 millones al año, no precisó en todo caso a cuánto ascenderá el ahorro total que se pretende con la medida.
