La Xunta negocia con el Gobierno que la nueva Ley de Costas reconozca los núcleos marineros

X. A. TABOADA - SANTIAGO Vuelta a la carga. El anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de revisar "en profundidad" la Ley de Costas ha llevado a la Xunta a presionar de nuevo con una vieja reivindicación, la de que se reconozca de forma oficial como núcleos urbanos el largo centenar de asentamientos tradicionales marineros que con la aplicación de esta ley de 1988 quedaron en una situación muy complicada, al quedar calificados como suelo rústico, sin posibilidad de construir nada nuevo y con muy severas restricciones para acometer cualquier reforma en las casas. Solo están permitidas las labores básicas de conservación y mantenimiento en las viviendas existentes, sin poder tocar siquiera su estructura en el caso que fuera necesario reforzarla debido a su antigüedad.
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, mantuvo ya una conversación telefónica con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, al que trasladó la reclamación gallega para conseguir que en la reforma de la Ley de Costas se pueda por fin dar solución a un conflicto que se arrastra desde hace 24 años. Y que no es otro que reconocer como núcleos urbanos, con todas las posibilidades de desarrollo que ofrecen las normas urbanísticas, unas poblaciones que nacieron y crecieron vinculadas, casi siempre, a la actividad de la pesca.
El bipartito ya lo intentó con la Lei de Vivenda, dando amparo legal a estas poblaciones, pero el precepto fue recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que lo invalidó indefinidamente. Y en 2009 el Parlamento gallego aprobó por unanimidad otro acuerdo para solicitar al Ejecutivo central que reconociera como núcleos urbanos estos emplazamientos, iniciativa que hasta el momento no tuvo éxito.
El conselleiro de Medio Ambiente anunció ayer que el Gobierno ahora escuchará las demandas de Galicia para analizar cómo encontrar una solución. "La Xunta estará muy activa en este proceso", dijo ayer en Pontevedra. De momento, ya le ha trasladado, aunque oficiosamente, el acuerdo parlamentario sacado adelante con el apoyo de los tres partidos.
El alcance de la revisión de la Ley de Costas anunciada por el ministro Miguel Arias Cañete aún se desconoce, porque está pendiente de conocer los informes jurídicos encargados al respecto, pero sí declaró que será una revisión "profunda" para armonizar la protección del medio ambiente con la creación de empleo y el dinamismo de la actividad económica, lo que supondría, entre otras cuestiones, la prórroga de las concesiones para miles de empresas y negocios, de muy distinta naturaleza y envergadura, que expiran en 2018 en toda España.
? Núcleos tradicionales. Es quizás uno de los traspiés de mayor relevancia de la Ley de Costas. Para reconocerlos como núcleos urbanos era necesario que los respectivos ayuntamientos pudieran demostrar que ya existían como poblaciones antes de 1988, año en el que se aprobó la ley. Pero por unas razones u otras, o por deficiencias en los mapas, los concellos no pudieron probar que eran poblaciones asentadas y que contaban con vías de acceso, electricidad y saneamiento y con las pertinentes licencias. Y lo que hicieron los respectivos gobiernos, en aplicación de la ley, fue declararlos no urbanos y automáticamente la protección del dominio público se fijó en cien metros a contar desde la línea de playa, frente a los 20 que previstos para circunstancias especiales y zonas urbanas. Al estar bajo la zona de protección, el régimen de conservación es muy estricto, sin posibilidad de acometer nuevas edificaciones y restringiendo a lo básico las obras de conservación en las construcciones existentes, para lo cual se debe pedir autorización a la Xunta e informar a la Demarcación de Costas. Y por supuesto, no se puede ejecutar ninguna obra nueva.
Se desconoce el número exacto de núcleos que se encuentran en esta situación en Galicia porque ninguna administración ha realizado un catálogo de ellos, pero de entre todos destacan por su antigüedad y singularidad Redes, en Ares, y Loira, Aguete, Mogor, Casás y Teoira en Marín. Pero también hay otros asentamientos en la misma situación, como en Vilaboa, Muros, Cedeira o Sada. Según la Xunta, posiblemente superen el centenar.
Para los asentamientos de Marín, la solución parece próxima, pero no será total. La alcaldesa, María Ramallo, explicó ayer que tras las negociaciones con la Demarcación de Costas, en el nuevo planeamiento municipal, en fase de aprobación provisional, se reconocerá como núcleo urbano prácticamente toda la superficie de Mogor, pero solo una parte de Aguete y otra de Loira, mientras que en Teoira y Casás, Costas no acepta su reconocimiento.
? Deslindes. No es un problema solo de Galicia, pero debido a la estructura de la propiedad, es posiblemente la comunidad con más propiedades afectadas por el deslinde del dominio público marítimo terrestre. La Ley de Costas de 1988 dio el impulso definitivo al proceso para determinar donde comienza la propiedad privada en el litoral y cuál pertenece al Estado por su condición de suelo público.
Ese deslinde, que ya está ejecutado al 95%, supuso que miles de propiedades en Galicia pegadas al mar pasaran a ser automáticamente del Estado, afectando al 90% de los ayuntamientos gallegos. Aunque la inmensa mayoría son fincas, también hay centenares de casas. Solo en Moaña, el deslinde aprobado en 2007 y refrendado por el Tribunal Supremo, unas 200 viviendas se convirtieron en propiedad del Estado.
Pero todas estas fincas, pisos y casas se encuentran en un limbo jurídico, porque los respectivos gobiernos no culminaron el proceso. Para las viviendas anteriores a 1988, el Ejecutivo tenía que articular una fórmula de concesión, cediendo el inmueble a su anterior propietario por un plazo de 30 años, prorrogables otros 30. Y para el resto, ordenar el derribo. Pero no se ha hecho ni una cosa ni otra y sus dueños viven en la total incertidumbre.
Está por ver si el ministerio de Arias Cañete introduce algún cambio en los deslindes, los cuales en su mayoría, fueron refrendados por sentencias judiciales.
? Concesiones. La intención del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es prorrogar las concesiones, para mantener el desarrollo económico, de las empresas que desarrollan algún tipo de actividad pegadas al mar. En el conjunto de España son miles los negocios que se desarrollan en zona de dominio público cuya concesión expira en el año 2018. Y Ence, la papelera instalada en la ría de Pontevedra, es una de ellas, lo que para algunos sectores supone que el Gobierno estaría dispuesto a permitir su continuidad. Pero para ello es necesario la autorización de la Xunta, y Agustín Hernández sostiene que su opinión no ha cambiado y que la salida de Ence en el año 2018 de la ría, es un "hecho improrrogable", como aún advirtió ayer tras reunirse con el comité de empresa de la papelera.