Los cargos públicos que no cuadren las cuentas podrían acabar en la cárcel. El Gobierno de Mariano Rajoy prevé modificar la legislación para exigir "responsabilidades penales" a los gestores que superen el techo de gasto y déficit públicos fijados, superando el desembolso previsto en las cuentas públicas. Así lo anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Vamos a hacer un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Exigiremos responsabilidades penales para los gestores públicos", declaró. "Un gestor público, sea político o nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto", añadió.

Un día después de anunciar que el Ejecutivo sancionará a las comunidades que no acaten el techo de gasto y que incluso tutelará sus presupuestos, Montoro avanzó otro capítulo en las reformas que pergeña su departamento para controlar el déficit. "Si un Gobierno quiere gastar más que se lo pida a los ciudadanos subiendo los impuestos y que estos decidan después, en unas elecciones, si lo que ha hecho ese Gobierno es correcto. Lo que nunca es correcto son las facturas falsas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables, que es lo que sucede ahora", argumentó en declaraciones a la Cadena Ser, donde también anunció que la línea de crédito del ICO para las comunidades podría estar lista "en un par de meses".

La Xunta pidió ayer prudencia antes de conocer la medida concreta y "ver cómo queda reflejada" esa intención, si bien recordó que la Lei de Disciplina Orzamentaria ya contempla que se pueda imputar a los cargos públicos responsabilidades por el desfase presupuestario, si bien no especifica de qué tipo.

Por su parte, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, aplaudió horas antes del anuncio de Montoro la decisión del Gobierno de intervenir las cuentas de las autonomías que no se ajusten al déficit público, decisión que enmarca "en el contexto de las reglas de juego de la UE", que ya tutela a Italia y España.

Desde la Fegamp también se pide clama. "Las declaraciones de Montoro no deben interpretarse de modo genérico, sino concretamente sobre aquellos gestores que lo hagan con ineficiencia expresa. Debe penalizarse del modo que se concrete la mala praxis, no un incumplimiento puntual que pueda derivarse de una coyuntura heredada o imposible corregir", explica José Manuel Rey Varela, presidente de la Fegamp.

Entre las ciudades hay más matices. El regidor de Vigo, Abel Caballero, respalda la acciones contra los gestores que "incurran en delitos tipificados por el Código Penal", pero reclama al Gobierno que revise la gestión del PP en Vigo. "Reclamamos a Gobierno y comunidades que midan sus déficits, pero hubo gestores en Vigo que dieron licencias de grandes centros comerciales en contra de la opinión jurídica de la Gerencia de Urbanismo y, ante la ausencia de tipificación legal, están impunes. Es intolerable. Que Montoro pregunte a Corina Porro y José Manuel Figueroa", zanja.

El alcalde de Pontevedra, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, recomienda también al ministro que "empiece a exigir responsabilidades en su partido y en su Gobierno", en alusión a la Comunidad Valenciana o el ayuntamiento de Madrid, ambos en manos del PP. "El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dejó el Gobierno local con una deuda del 200%, que supone el 20% de la deuda de todos los concellos del Estado", critica.

Por su parte, el regidor de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG), pidió a Montoro "ahorrarse tanta palabrería para solemnizar lo obvio". "Un gestor público tiene que ajustar todas sus decisiones a la legalidad y someterse a controles ya establecidos", indicó. "Quien falsea la contabilidad afronta las responsabilidades establecidas en la ley, si ésta es toda la aportación del Gobierno en transparencia, no parece gran cosa", acota. Finalmente, el regidor de Santiago, el Gerardo Conde Roa (PP), apoyó la medida.