El Gobierno central propone a las comunidades que supriman sus delegaciones en el exterior

M. VÁZQUEZ - SANTIAGO Los planes del Gobierno para adelgazar la estructura de la administración y recortar gasto público no se limitan a las fronteras españolas. Como medida de ahorro y para evitar "duplicidades" también en el extranjero, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, propuso ayer que las autonomías puedan destacar "funcionarios suyos en las embajadas, los consulados o las oficinas comerciales españolas, para que atiendan específicamente sus intereses".
El objetivo, según explicó, sería "evitar duplicidades", crear "sinergias" entre Estado y comunidades, ahorrar costes y hacer las cosas "más sencillas". Pero la decisión, en cualquier caso, sería voluntaria ya que, como insistió el propio ministro, "es perfectamente legal y constitucional" que las comunidades creen y mantengan oficinas propias en otros países.
La propuesta choca con la apuesta que hicieron en su día comunidades como Galicia para impulsar su presencia exterior y que, a pesar de los recortes y los cambios de sedes, no ha cerrado ninguna de sus delegaciones internacionales desde el inicio de la crisis. La primera de estas oficinas fue la Fundación Galicia Europa, que empezó a trabajar en Bruselas en el año 1988, convirtiendo a la comunidad en una de las primeras (junto con Canarias y Cataluña) en contar con representación propia ante la UE. Los presidentes Manuel Fraga, primero, y Emilio Pérez Touriño, después, (bajo cuyo mandato Galicia estrenó delegaciones en Buenos Aires y Montevideo) fueron firmes defensores de la representación internacional de Galicia, aunque Feijóo, debido a la crisis, frenó en seco los planes para abrir nuevas oficinas.
No obstante, García-Margallo insistió en las ventajas del modelo propuesto en un contexto de "restricciones presupuestarias" y por ello consideró que las autonomías que decidan voluntariamente su actual representación exterior "tendrán que explicar a sus ciudadanos por qué gastan más dinero en realizar una acción exterior de lo que gastarían si utilizasen los servicios de las embajadas y oficinas diplomáticas".
"Yo tengo que tener embajadas y oficinas diplomáticas porque la acción exterior es constitucionalmente del Gobierno central, pero si las comunidades quieren mantenerlo no puedo impedirlo", argumentó García-Margallo, quien insistió en que su propuesta "no es ninguna imposición ni ninguna exigencia" sino un "ofrecimiento".
Tras la propuesta, fuentes de la Consellería de Presidencia eludieron aclarar la postura de la Xunta a este respecto, y precisaron que no se pronunciará hasta que "haya una propuesta en firme del ministerio para poder estudiarla". Quien sí replicó fue la Generalitat, que recordó que la semana pasada aprobó un plan de reestructuración de sus oficinas en el extranjero que, entre otras medidas, supondrá el cierre de su sede argentina.
En declaraciones a los periodistas tras asistir en Valencia a la toma de posesión de los nuevos miembros del Gobierno valenciano, el ministro también planteó destacar diplomáticos o agregados comerciales españoles en delegaciones de la UE, allí donde no se pueda pagar una embajada o consulado, para que atiendan específicamente los intereses españoles.