El Gobierno cambia la ley para que las cajas no pasen a fundaciones si controlan los bancos creados

IRENE BASCOY - VIGO El nuevo Gobierno ya ha tomado su primera decisión en la reforma del sector financiero, la primera de una batería de iniciativas que pretende culminar en los seis próximos meses la reestructuración de bancos y cajas, que deberán sanear sus balances y en consecuencia acometer nuevas fusiones para afrontar la recapitalización a la que se verán obligados tras limpiar el lastre del ladrillo. Las cajas que controlen los bancos a los que han traspasado su negocio financiero no perderán la naturaleza de cajas y no habrán de convertirse en fundaciones, aunque tengan menos del 50% de las acciones del banco, como era de obligado cumplimiento hasta ahora.
Con esta decisión, el Ejecutivo de Rajoy evita que estas cajas, no sería el caso de Novacaixagalicia, queden bajo la tutela de las autonomías, pues las comunidades tienen la competencia sobre las fundaciones, y en cambio sobre las cajas comparten responsabilidades con el Gobierno central. Así se frena la posibilidad de que las comunidades autónomas aumenten su control sobre estas entidades.
El Boletín Oficial del Estado publicaba el sábado el real decreto-ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Es la norma que recoge el primer ajuste económico del Gabinete de Rajoy, con medidas como la congelación salarial de los funcionarios, pero que escondía sorpresas no anunciadas por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría un día antes en rueda de prensa.
Una de ellas es la modificación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros para que las cajas puedan seguir siendo cajas aunque pierdan el 50% del capital del banco al que han traspasado su negocio financiero, siempre que ostenten el control de este banco. Este cambio, no afecta a Novacaixagalicia, pues no es el socio mayoritario de Novagalicia Banco. Su participación en la nueva entidad es tan solo del 6,8%.
Esta decisión sí repercute, por ejemplo, en en las cajas que integran Bankia y lideradas por Caja Madrid y Bancaja poseen el 52% del capital de Bankia, y en las cajas de Banca Cívica, con Cajasol y la CAN a la cabeza, que tienen el 55,3% del banco.
Estas cajas, seguramente ante las nuevas necesidades de recapitalización que habrán de afrontar, pues el Gobierno quiere sanear de los balances los activos inmobiliarios tóxicos, estaban abocadas a convertirse en fundaciones, pues la entrada de capital ajena les forzaría a perder la mayoría del 50%.
Ante esta situación, el Ministerio de Economía, a cuyo frente está Luis de Guindos, que fue consejero de Banco Marte Nostrum, acordó reformar vía decreto ley otro decreto ley para que a partir del uno de enero de este año, "si una caja de ahorros dejase de ostentar el control, en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, de la entidad de crédito a la que se refiere la presente disposición, deberá renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito según lo previsto en la Ley de Ordenación Bancaria de 1946 y proceder a su transformación en fundación especial".
Se sustituye la exigencia de tener más del 50% del capital por la de ostentar el control en los términos del artículo 42 del Código de Comercio. Es decir basta con ser el socio principal y la caja de ahorros seguirá siendo caja.
Despolitización
La decisión del Gobierno de Rajoy de evitar un mayor control político sobre las cajas por parte de las comunidades no sorprende. El PP durante la pasada legislatura defendió la despolitización de estas entidades y pactó la reforma de la LORCA con el Ejecutivo de Zapatero para aumentar las exigencias de profesionalidad sobre los directivos y consejeros de las cajas y abrir la puerta a la conversión en bancos.
También aunque discretamente mostró su disconformidad con las fusiones intrarregionales guiadas por criterios políticos y no financieros e impulsadas por sus propios barones territoriales para garantizar la permanencia en sus comunidades de una caja de ahorros. Fue el caso de Galicia, donde la Xunta aprobó una ley gallega de cajas para forzar la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, con tres preceptos paralizados por el Constitucional, como la obligación que quería imponer el Ejecutivo gallego a las cajas de un permiso de la Consellería de Facenda para adentrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP).