Los más de 300.000 voluntarios que comprobaron por sí mismos el característico olor a petróleo del fuel que llevaba el Prestige lograron liberar a la costa y al mar de Galicia de unas 90.000 toneladas de residuos. Se suponía que después de recogidos, estos restos, una mezcla informe de arena, plástico, agua y fuel, iban a ser tratados por Sogarisa –una empresa especializada en la gestión de residuos industriales peligrosos– para obtener un subproducto que pudiera ser utilizado de nuevo en procesos industriales.

No obstante, ese capítulo de la historia del Prestige, nueve años después, todavía no está cerrado, ya que en la planta de esta compañía en As Somozas (A Coruña) todavía quedan diez mil toneladas de estos desechos a la espera de que la mano caritativa de alguna Administración subvencione su tratamiento.

Así lo explicaron ayer desde la empresa, donde reconocen que la gestión de estos restos está "pendiente aún porque no existe una partida presupuestaria por ahora". "Sin presupuesto, nosotros no podemos hacernos cargo del tratamiento", insisten. Mientras, añaden, los materiales están almacenados en "condiciones de total seguridad a la espera de que alguna Administración se haga cargo".

Fue la asociación ecologista Adega la que alertó a finales de 2009 –supuestamente en marzo de ese año todo el proceso, que debía durar 18 meses, debía haber finalizado– que en la planta de As Somozas todavía seguían diez mil toneladas sin tratar, las mismas pendientes a día de hoy. Todo por un cómputo erróneo de cuál era la cantidad de residuos que había que procesar.

Y es que, explican desde la Xunta de Galicia, en 2005 se firmó un convenio entre el Gobierno gallego y el Estado por el que este se "comprometía" a gestionar la "totalidad" de los residuos del Prestige. Claro que entonces, oficialmente, solo estaban inventariadas, explican desde la Consellería de Medio Ambiente, 80.000 mil toneladas, para cuyo tratamiento se habilitó una partida de 22,4 millones de euros, una cantidad con la que Sogarisa costeó dos plantas de 6.000 metros cuadrados diseñadas para la ocasión, ya que entonces no existía, afirman desde la empresa de As Somozas, "ninguna planta en el mundo preparada para hacer frente a unos residuos tan complejos".

Las otras diez mil toneladas, explican desde Sogarisa y confirma la Xunta, se sumaron al total al reunir todo el material que se había ido almacenando en diferentes puntos cuando se eligió a la compañía para su valorización.

"Lo que hizo la Xunta", explican desde el departamento que dirige Agustín Hernández, fue "mantener esos residuos en un almacén en condiciones de seguridad, sin filtraciones, y con las garantías absolutas y controles implicados para que se produzca ningún riesgo". ¿Hasta cuándo? Según la Xunta, hasta que el Gobierno central costee la gestión de esos residuos. De hecho, explican desde Medio Ambiente, Agustín Hernández le trasladó a la entonces ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, una petición "para solicitarle que se hiciera cargo del tratamiento de estas diez mil toneladas". "No obtuvimos respuesta", subrayan desde la Consellería, e insisten en que "hay un convenio de colaboración donde el Estado asume los costes del tratamiento y eso está refrendado". "Los deberes" de la Xunta, que son "almacenar" los residuos, dicen, "están hechos". Ahora, recalcan, es el Ejecutivo central quien debe mover ficha y, con ella, casi un millón de euros, que es la cantidad que, según Medio Ambiente, costará tratar esos residuos.

Desde Sogarisa aseguran que las balsas de residuos se controlan puntualmente para evitar filtraciones y que los restos están protegidos por varias capas y cemento.

Las otras 80.000 toneladas ya tratadas se han aprovechado en forma de cinco subproductos: arenas y gravas limpias para material de construcción; plástico que, en función de su calidad, tuvo una segunda vida útil o se empleó como combustible en la industria cementera; agua que se depuró para devolverla a la atmósfera en forma de vapor de agua o usada por la empresa en sus instalaciones; fuel, que fue utilizado como combustible, y sólidos, como chatarra. Solo un "pequeño porcentaje" se calificó de "no recuperable". Así que los voluntarios no solo limpiaron la costa, sino que hicieron posible que el Prestige devolviera a la sociedad algo de lo que le arrebató aquel noviembre de 2002.