El canon eólico sufragará gastos corrientes ante la falta de fondos en los concellos

JULIO PÉREZ - VIGO Prácticamente cualquier gasto vinculado al siempre general capítulo del medio ambiente será a partir de ahora susceptible de recibir una subvención con cargo a los ingresos por el canon eólico que la Xunta aplica a los parques en función del número de molinos en funcionamiento. La tasa nació en 2010 como compensación a la "generación de afecciones e impactos" tanto visuales como en el entorno y, en principio, para financiar la "conservación, reposición y restauración" de esos supuestos daños y a actuaciones de "reequilibrio" en los municipios con instalaciones o líneas de evacuación para la electricidad que producen. Ya en la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de este año un cambio en la regulación del canon abrió la puerta a que parte de la recaudación se destine a cualquier concello. Las cuentas del próximo ejercicio van todavía más allá e incluyen otra modificación para permitir ayudas a los "costes de funcionamiento de lo servicios municipales" que se encarguen de la gestión medioambiental. Gastos típicos, corrientes pues, ante el grave contexto de crisis y las repercusiones que está teniendo en las arcas locales.
Las fuertes restricciones al uso del llamado Fondo de Compensación Ambiental –la defensa que entonces utilizó el Gobierno gallego para frenar las intensas críticas del sector por la aplicación del gravamen– se han ido relajando a medida que la situación económica empeora. Su normativa original fijaba claramente como destino "preferente" de los más de 20 millones de euros que anualmente llegan por los parques a "gastos de inversión", con actuaciones "orientadas" al cuidado de la naturaleza, el aprovechamiento sostenible de los recursos e impulso a la eficiencia energética. Siempre, además, pensando en esos ayuntamientos con parques en su territorio o líneas eléctricas, obligados a presentar un proyecto.
¿Cuál fue la primera transformación en los criterios que sigue el reparto? Desde el actual 2011, la mitad de los ingresos se quedan bajo la tutela directa de la Consellería de Presidencia –con las competencias sobre el fondo, aunque la gestión del canon como impuesto esté en manos del Instituto Enerxético Galego (Inega) de la Consellería de Economía– para distribuirlos entre planes "de naturaleza productivo y generadora de empleo" que pueden entregar cualquier municipio, que cuenten o no con aerogeneradores. El objetivo, según sostenían en aquel momento en San Caetano, era "garantizar" inversiones "en los lugares que sean más necesarias y donde se pueda sacar una mayor rentabilidad", sin olvidar que la "prioridad" de los ingresos estaba puesta en las áreas directamente afectadas por las instalaciones. A ellas, entre las localidades con parques, se dirigía en exclusiva "la mayor parte de la cuantía disponible" tras la reserva del 50%.
¿Y en qué consiste la segunda modificación? La división del fondo de compensación en esas dos partes se mantiene y las dos novedades incorporadas se centran en la utilidad del dinero orientado a los ayuntamientos que alberguen recintos y líneas. Por un lado, a la posibilidad de financiar actuaciones de conservación de la biodiversidad o utilización recreativa de los espacios, y de medidas de eficiencia energética se une una tercera vía de proyectos. Muy global. "Otras actuaciones de protección del medio ambiente y del entorno natural", señala la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2012.
En todo ese tipo de planes subvencionables, a los gastos que Presidencia permite cubrir con la recaudación del canon –centrados hasta ahora en inversiones en inmovilizado (mano de obra externa, ejecución material, equipos e instalaciones) y costes de proyecto y dirección de obra si se contratan a terceros– "costes de funcionamiento de los servicios municipales dedicados a la protección del medio ambiente y el entorno natural".
Los parques que disponen de entre uno y tres aerogeneadores están exentos de pagar el canon. Los de entre cuatro y siete abonan 2.300 euros por cada molino. Hasta 4.100 euros en el caso de los recintos que lleguen a quince. Y a partir de ahí, la cuota se dispara hasta los 5.900 euros. La previsión para 2012 contemplada en los presupuestos recién aprobados por la Xunta apunta a una recaudación de 22,75 millones de euros, frente a los 14,4 que vienen del impuesto a las hidráulicas o los 31,796 millones del tramo autonómico del céntimo sanitario que se aplica a gasolinas y gasóleo.