La Xunta bloquea los contratos para cubrir bajas laborales en la mitad de consellerías

DANIEL DOMÍNGUEZ - SANTIAGO Para muchos de los 226.000 gallegos sin empleo, las sustituciones de personal de baja temporal en la Administración constituyen una esperanza de lograr un puesto durante un tiempo. Pero la Xunta necesita controlar el gasto corriente y en personal y para ello ha decidido bloquear estos contratos. El año que viene, el Gobierno gallego congelará las contrataciones de interinos y de personal laboral temporal en la mitad de sus diez consellerías y en todos los puestos de carácter administrativo.
El intento de fomentar la actividad económica choca con unos presupuestos para el año que viene que regresan al nivel de 2006 y que cierran la puerta a las llamadas listas de interinos. "Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de nuevo personal laboral temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal, ni al nombramiento de personal funcionario interino", indican los presupuestos para el próximo ejercicio, siguiendo la senda de contención de gasto marcada el año pasado.
La Xunta excluye de estas restricciones las áreas sociales, justicia y emergencias. En el primer caso, permitirá las sustituciones en los centros de enseñanza, tanto de profesores como de personal no docente, en los centros asistenciales del Sergas, centros sociales (centros de día o residencias), miembros del servicio contra incendios forestales, justicia, emergencias y protección civil. "Las contrataciones se adecuarán estrictamente a las necesidades del servicio y tendrán como límite máximo las previsiones presupuestarias establecidas", indican los presupuestos de 2012.
Solo se permitirá cubrir las sustituciones en Sanidade, Educación, Benestar, una parte de Presidencia y los incendios, dependientes de Medio Rural. En el resto, contención absoluta: las bajas deberán cubrirse con el trabajo de los funcionarios de al lado. Eso sí, la Consellería de Facenda no cierra la puerta a excepciones. El departamento que dirige Marta Fernández Currás tendrá potestad para levantar este veto, pero deberá recibir una "memoria explicativa que justifique la necesidad urgente e inaplazable y el carácter imprescindible para el funcionamiento del servicio" por parte del departamento que requiera la cobertura de una baja.
En esta línea se enmarca también la reforma legal del año pasado para poder trasladar funcionarios de un departamento a otro para cubrir las necesidades de la Administración. La Xunta no ofrece información sobre si se están aplicando estos cambios de destino, que primero se quisieron imponer de forma obligatoria y luego tomaron carácter voluntario.
La contención a la hora de cubrir bajas choca con las protestas de dos colectivos claves supuestamente exentos: profesores y sanitarios. Estos últimos realizarán una protesta el miércoles en Santiago y amenazan con una huelga general cuatro días antes de las elecciones generales en caso de que la Consellería de Sanidade no atienda sus quejas, centradas en la aplicación de una tasa de reposición del 10%: es decir, que de las 1.760 jubilaciones del año próximo solo se cubrirán 176. El departamento de Pilar Farjas alega que esa tasa viene fijada por normativa estatal y no tiene margen para incumplirla.
El ambiente en la educación también está enrarecido por las protestas sindicales ante el aumento de la carga lectiva al profesorado, que según los primeros provocará 1.000 despidos. La Consellería de Educación negó esa cifra, si bien reconoció que de las 1.165 jubilaciones del curso pasado se dejaron sin cubrir 587. Y culpó de ello al Gobierno central por establecer, en el caso de la docencia, una tasa de reposición del 30%. Además, el conselleiro Jesús Vázquez aseguró que durante el curso se realizaron 414 contrataciones interinos.