Los familiares de los fallecidos continuarán su batalla en los tribunales. Sus abogados presentaron ayer en el juzgado sus recursos contra la decisión de la juez de sobreseer las actuaciones. Lo hacen porque estiman que hay indicios para sentar al presunto autor del fuego ante un jurado popular y porque insisten en que hubo graves negligencias e imprudencias en la extinción: con la excepción del agente forestal, estiman que debe continuar la imputación contra los responsables de las brigadas.

"Los argumentos del auto en el que se archivan las diligencias por delito contra los derechos de los trabajadores se basan en informes de parte, de la propia Administración, de la que dependen las brigadas", afirma Guillermo Presa, abogado de la familia de Rodrigo Amo. "Las causas del accidente se sustentan en datos erróneos", añade el letrado, que explica que como acusación entregó un informe pericial de un ingeniero que expone que la velocidad del viento era fuerte pero se mantuvo constante, según estaciones meteorológicas cercamas: "De 62 km/h y con ráfagas de hasta 90; es falso que hubiese un aumento o un cambio de dirección". Además, dice, el día del incendio la Xunta decretó "alarma y riesgo extremo"."Hubo negligencias, omisiones y errores; se puso en peligro a los brigadistas por colocarlos en el lugar en que los colocaron; las negligencias propiciaron el fallecimiento de las víctimas", afirma.

Sobre el presunto autor del fuego, la acusación particular ve indicios suficientes para sentarlo en el banquillo: "No tiene coartada y habló de datos que solo podía conocer el autor del incendio". "En un momento como este, en el que se cuestiona que no se persigue adecuadamente a los incendiarios, este sobreseimiento judicial es un ejemplo", concluye Guillermo Presa