¿Cuánto vale una carretera?

J. PÉREZ - VIGO La lista de obstáculos para valorar un inmueble de características especiales es inmensa. Suelen ser complejos integrados por varios elementos que se necesitan unos a otros. Que ocupan tipos de suelo de diferente naturaleza, con grandes dimensiones que se reparten por varios municipios, provincias y hasta comunidades. Los dueños pueden ser empresas, personas particulares e incluso un organismo público. Incluso una concesión administrativa. Los coeficientes correctores que el Catastro tiene para medir el envejecimiento de un inmueble en este caso no son válidos. Y, sobre todo, aquí no existe precio de mercado. Ninguna referencia, como destaca el director del organismo en Galicia, Benito Bericochea en un artículo publicado en la revista institucional.
El último censo hasta ahora de los Bice que hay en España recoge 19 hidroeléctricas, 63 térmicas, 674 parques eólicos, 3.628 huertos solares, cinco productoras de gas, nueve refinerías y nueve centrales nucleares, 494 embalses, 34 autopistas, 43 aeropuertos y 51 puertos comerciales. En total, 5.029 bienes que afectan a 6.761 municipios. Precisamente, el desglose por ayuntamientos está en estos mismos momentos en valoración.
En Galicia hubo un antes y un después en el impuesto con la sentencia que a finales de 2007 dictó el Tribunal Supremo para reconocer abiertamente la inclusión de los parques eólicos como Bices y, por lo tanto, sujetos al IBI especial. La lucha venía de lejos, impulsada por la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) contra el Real Decreto 417/2006 que dejaba a los aerogeneradores fuera de la catalogación, con una contribución menor. Para incluirlos, el Catastro finalmente optó por medir el valor en función de la potencia y el terreno ocupado en lugar de las horas de funcionamiento y la propia tasación de los recintos, como solicitaba la Fegamp.
El que por entonces era presidente, el alcalde de Lalín, Xosé Crespo, daba por asegurado un incremento de hasta un 50% en los presupuestos de los concellos más pequeños y que contaran con un abultado número de instalaciones. La Diputación de Pontevedra estimó que el aval del Supremo equivalía a unos 663.000 euros extra, que la propia entidad adelantó a los ayuntamientos beneficiados.
Al igual que el repaso que se da sobre los inmuebles urbanos y rústicos –habitualmente, con muchos años de diferencia–, el Catastro revisa el valor de los diferentes Bices para adecuar el pago de tributos. En el arranque de 2008, por ejemplo, le llegó el turno a la AP-53, la AP-9, el puerto de Ferrol y seis grandes embalses repartidos por la provincia de A Coruña y Ourense, los de Portodemouros, A Frieira, Montefurado, Santo Estevo, San Martiño y San Pedro.
Con la Autopista del Atlántico se vive, precisamente, una pugna similar, aunque fuera de los tribunales, a la que hubo con los parques eólicos, aunque en este caso porque por su carácter de servicio público, la carretera cuenta con una bonificación del 95% en el pago del IBI. No son pocos los alcaldes que creen que se trata de un "evidente desequilibrio" porque se trata, como señala el actual presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, "de una explotación privada de negocio".