Los concellos renuncian a decenas de millones con un IBI mínimo a empresas e infraestructuras

JULIO PÉREZ - VIGO Junto a los pisos o edificios asentados en suelo urbano y las viviendas o industrias que se levantan en áreas más apartadas o zonas rurales, conviven en el paisaje diario construcciones atípicas que, por su función, son muy difíciles de tasar. Una autopista, un puerto, una refinería o un parque eólico. Cuatro ejemplo de lo que el Catastro considera Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bice), con un IBI, el popular recibo de la contribución, diferente. Más elevado. Sobre el valor de cada una de estas infraestructuras, los ayuntamientos aplican un tipo impositivo para el que la ley contempla una horquilla que va del 0,4% al 1,3%, y una media supletoria del 0,6% en aquellos municipios que no tengan una normativa local de tasas. Galicia, donde se arrastra desde hace años la queja de los concellos por su asfixia financiera –especialmente en los dos últimos ejercicios por la embestida de la crisis–, es la comunidad que cuenta con un mayor potencial para exprimir los Bice. La base imponible del gravamen –es decir, el cálculo total de los inmuebles especiales– supera los 13.218 millones de euros. ¿Cuánto recaudan los municipios? Apenas 20,3 millones. Hay autonomías que, con muchas menos construcciones, ingresan tres y cuatro veces más que aquí porque sus consistorios apuestan por acogerse a la parte más alta del impuesto.
Un breve repaso por algunas de las principales ciudades gallegas muestra las enormes diferencias en el tipo que se aplica. Vigo, al igual que para los inmuebles urbanos, tiene en vigor un 0,759%. A Coruña somete a la mayoría de los Bice un 0,6%, salvo en el caso de instalaciones eléctricas, en los que aumenta hasta el 1,1%. Pontevedra opta por un 0,93%. Ourense escala hasta el 1,3%. Al igual que en Baiona. En otro concello de población media como Redondela desciende al 1,1%.

Diferencias

La base imponible de los BICE en Andalucía ronda la mitad que en Galicia. Alrededor de los 7.800 millones de euros. En cambio, su cuota líquida triplica la recaudación aquí, más de 63,7 millones. La valoración de los inmuebles especiales en Madrid es hasta la mitad que los asentados en territorio gallego, pero los ingresos entre sus municipios se disparan a 45 millones, más del doble, según los datos tributarios de 2009 que recoge el último número de la revista de la Dirección General del Catastro.
Otras dos regiones con Bices de menor repercusión están también por encima de Galicia en la aportación del impuesto. Cataluña roza los 31 millones con una base imponible de tan solo 3.144 millones y los municipios valencianos se embolsan 30,2 millones tras una valoración de 3.300 millones. Castilla y León, que ronda los mismos ingresos que las arcas locales gallegas, cuenta con una base imponible de 2.800 millones, seis veces menos. Prácticamente la misma diferencia que Castilla-La Mancha, con una cuota líquida en 2009 de 18,6 millones.
La comparación con el conjunto del Estado completa la radiografía de la baja presión fiscal a la que somete Galicia los inmuebles especiales. Frente al 0,6% de recaudación que supone en toda España el gravamen sobre la base imponible, en la que luego, evidentemente influyen posibles bonificaciones –una cuota de 296,4 millones sobre la tasación de 51.900 millones–, la comunidad obtiene únicamente un 0,15%. El recibo para tres aeropuertos, cinco puertos de interés general, una de las mayores productoras eléctricas en parques eólicos, hidroeléctricas, dos térmicas, dos ciclos combinados y una regasificadora o una autopista que cruza la región de norte a sur.
Lo que ocurre con la fiscalidad de los Bice en Galicia es prácticamente un calco de la situación que se da con los inmuebles convencionales. El tipo medio de IBI que se aplica en la comunidad se sitúa en el 0,65%. Solo Ceuta, con un 0,28%, y País Vasco, con un 0,47%, emplean coeficientes menores. A su lado están Comunidad Valenciana y Andalucía, con un 1,16 y un 1,17%, respectivamente. El tipo medio de IBI en Baleares se sitúa en el 1,05%. En el entorno del 0,90% están Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.