En medio de las turbulencias financieras y con la crisis ahogando a las administraciones locales, las comunidades autonómas también revisan sus cuentas para acometer un nuevo recorte del gasto, que desde ahora y hasta fin de año superará los 5.000 millones de euros.
Esta decisión permitirá aliviar las maltrechas arcas autonómicas, que acumulan una deuda de 121.420 millones de euros y cuentan con Galicia y Madrid como únicos gobiernos capaces de situarse por debajo del déficit público del 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB) fijado para el año pasado.
La obra pública cargará con la mayor parte de este recorte, que las comunidades tratan de evitar que afecte a las partidas sociales como la educación y la sanidad. Cataluña lidera este tijeretazo con una reducción de gastos anunciada en julio de 2.860 millones de recortes para paliar una deuda que supera los 34.300 millones e incluso esta semana reconoció que venderá edificios públicos para obtener liquidez.
Andalucía también reducirá sus desembolsos en 752 millones, aplazando inversiones y reduciendo gasto farmacéutico. Un poco menos va a reducir sus cuentas la Comunidad Valenciana, que también tocará el empleo público. El gobierno de Alberto Fabra recortará 680 millones, dejará sin cubrir 704 plazas de funcionarios y suprimirá un 22% de los liberados sindicales.
Casi la mitad será la poda en su capítulo de gastos del gobierno balear, también en manos del PP, cuyos recortes rondarán los 380 millones de euros, mientras Euskadi, en manos de un pacto PSOE-PP, rebajó sus cuentas 250.
Galicia, de momento, no alcanza estas cifras. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció esta semana que recortará el gasto 103 millones. El resto de comunidades aún no ha concretado cuánto tendrán que apretarse el cinturón.
