Los dos principales criterios que marcarán el futuro de las subvenciones a las energías limpias en España serán la "sostenibilidad" y la "eficiencia económica" del sistema. Una advertencia muy clara que lanza el plan con el que se diseñará la política alrededor de las renovables durante la próxima década, y que insiste una vez más en la fecha de caducidad para las primas tal y como funcionan hoy. El marco retributivo se adaptará para que los promotores obtengan "unas tasas razonables de rentabilidad de la inversión", en función de cada tecnología, la potencia de las instalaciones y un máximo de horas en funcionamiento. Si se superan, como ya avanzó el primer borrador del PER 2011-2020, la producción tendrá que acomodarse únicamente a lo que le pague el mercado. Con esas condiciones llegarán los parques que salieron del concurso para repartir el negocio del viento en Galicia y, en general, toda la nueva eólica que el Ministerio de Industria contempla hasta alcanzar los 35.000 megavatios (MW). Otro aviso. "Buena parte de los nuevos 15.000 MW que se deben promover en el marco del PER 2011-2020 –indica el documento– van a tener una contribución muy pequeña a los costes del sistema eléctrico".

Por su contribución a la lucha contra el cambio climático y por las elevadas inversiones que, en su momento, necesitaron la mayoría de fuentes verdes para salir adelante, tanto la solar como la eólica reciben una subvención a su electricidad, además del correspondiente ingreso por la venta en el mercado. La elevada factura de lo que cuesta producir la electricidad en el país en comparación con lo que ingresan las compañías con los consumidores –de ahí la constante polémica por el llamado déficit tarifario– en un contexto de crisis como el actual abrió la veda para discutir una reforma. A lo que se une, según el Gobierno, la progresiva madurez del sector. Es decir, que las instalaciones sean ya rentables por sí solas. ¿Cuándo? El PER sostiene que la eólica terrestre lo será en 2017. Un par de ejercicios antes, en 2015, la minihidráulica, que también está integrada en el régimen ordinario. En el caso de la fotovoltaica de suelo, en 2023; la de techo, en 2014; y la solar termoeléctrica, en 2026.

"Al objeto de garantizar la sostenibilidad y eficacia del marco de apoyo, la evolución de los niveles de retribución para cada tecnología tratará de converger en el tiempo hacia la percibida por el resto de tecnologías convencionales en el régimen ordinario", explica el plan. O, en otras palabras, la ley de la oferta y la demanda pura y dura, sin incentivos, como le ocurre al carbón, la nuclear o los ciclos combinados.

Un sistema que, además, "deberá disponer de mecanismos suficientes para planificar y adecuar el crecimiento de las tecnologías a los objetivos previstos en este plan de energías renovables". Hasta ahora, el ritmo de integración lo marcada el registro de preasignación, con cuotas anuales para el enganche de nuevos parques eólicos –y sin hueco, como mínimo, hasta 2012, y 4.000 MW en lista de espera– y que tanta polémica suscita entre los promotores. "Asimismo –añade el documento–, los niveles de retribución podrán ser modificados en función de la evolución tecnológica de los sectores, del comportamiento del mercado y del grado de cumplimiento de los objetivos de energías renovables".

El pico establecido para la eólica supone un incremento del 69% sobre la potencia instalada en este momento en aerogeneradores y la posibilidad de que aporte hasta el 55% de toda la electricidad renovable. "Se sigue apostando por la tecnología eólica terrestre –defiende el PER–, al ser una tecnología madura y muy cercana a la competitividad con la generación eléctrica convencional, y cuyo crecimiento se atribuye tanto a la construcción de nuevos parques eólicos como a la repotenciación de los obsoletos". En el caso de los 2.325 MW del concurso de la Xunta, prácticamente todos son instalaciones para estrenar, con un calendario todavía en el aire.