D. DOMÍNGUEZ - SANTIAGO
El puerto de exterior de A Coruña sigue sin tener el futuro resuelto y su situación financiera, en estado crítico, vuelve a complicarse tras llevar consumidos casi 800 millones de euros, el doble de lo previsto inicialmente. Después de que Puertos del Estado tuviese que habilitar un préstamo de 250 millones para evitar la parálisis de las obras, esta semana Repsol ha exigido 240 millones para trasladarse las instalaciones de punta Langosteira, un 20% más de lo que demandaba hace tres años.
El complejo que se levanta en Arteixo, que acumula un sobrecoste de 270 millones respecto a un coste inicial que ya duplica y que ha obligado a Puertos del Estado a asumir su tutela financiera, fue ideado en gran parte para trasladar allí el tráfico destinado a la refinería de Repsol, a la que llega el combustible desde el puerto actual de San Diego a través de un oleoducto de 6,4 kilómetros que atraviesa toda la ciudad bajo el suelo. Con el cambio de instalación se pondría fin a esa "bomba de relojería", como la llegó a definir el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez.
Paradójicamente, las obras comenzaron en punta Langosteira sin que el puerto tuviese cerrado un acuerdo con la multinacional, que poco antes había renovado la licencia para operar en la dársena del centro de la ciudad hasta el año 2027.
Para paliar los costes "financieros" del traslado, Repsol presiona y exige 240 millones de euros con los que compensar una operación que en total le costará 400, si bien durante el comienzo de las negociaciones hace tres años exigía 200. El director de la planta, Luis Llamas adelantó esta semana dos opciones para sustituir esta cantidad: ampliar el período de concesión durante más años o bien ampliar la superficie de los terrenos que le cedería la Autoridad Portuaria de A Coruña en Langosteira.
A cambio, puerto coruñés recibiría vía libre para liberar la dársena de San Diego. Ambas partes han contratado dos empresas de tasación para valorar esos terrenos, en los que antes de la crisis el puerto coruñés preveía un negocio inmobiliario de 150 millones de euros.
A finales de mes podrían conocerse sus resultados, pero la crisis ha hecho que las expectativas del negocio se hayan reducido y la operación, clave en el plan inicial de financiación de la obra, se haya desinflado.
Respol quiere salir ganando con la operación y aunque se muestra convencida de llegar a un acuerdo, evita ceñirse al plazo de fin de año dado por la Autoridad Portuaria coruñesa. De hecho, aumenta la presión, consciente de que suya es la decisión sobre un eje fundamental de uno de los proyectos más caros de Galicia. "Sabemos que la Autoridad Portuaria tiene un problema de liquidez, aunque se ha arreglado en parte con el crédito, y nosotros vamos a colaborar en todo lo posible pero sin perder competitividad", advirtió Llamas.
En todo caso, y suponiendo que lleguen a un acuerdo, Repsol nunca podría comenzar a operar en el nuevo puerto antes de finales de 2015. Es decir, la instalación, que prevé la entrada en servicio a mediados del año que viene, arrancará funcionando a medio gas.
Esta negociación, que se inició hace tres años, lastra la puesta en pie de un gigante que acumulará el coste de dos hospitales de tamaño medio si no prosigue tragando fondos públicos.
El último bote de salvamento lo constituye el crédito de 250 millones concedido por el Instituto de Crédito Oficial, que la Autoridad Portuaria comenzará a devolver en diez años. La crítica situación financiera de la entidad, sin embargo, obliga al instituto a liberar ya este año 170 millones de esa partida. Para hacer frente a las compensaciones a Repsol, el puerto podría volver a necesitar más recursos.