La secretaria de Organización del PSOE ourensano, María Quintas, ha expresado este lunes su "condena" a la decisión del Obispado de suspender del ejercicio de sus funciones pastorales a un sacerdote que concurrió como número dos del PSOE en A Gudiña y ha atribuido este modo de proceder a "una represalia política".
A través de un comunicado, la dirigente socialista ha considerado "lamentable" que el Obispado ourensano haya decidido "cercenar la labor encomiable a nivel pastoral, social y humano" que Antonio Fernández Blanco llevaba a cabo en las cuatro parroquias que tenía encomendadas. "Está impidiendo que los fieles de Piñor sean atendidos por una persona querida y entregada a su trabajo, una persona ejemplar", ha reprobado.
Además, ha censurado que el Obispado "impida a un ciudadano español representar a sus vecinos en una institución pública" debido "a su ocupación o creencia", en contra de lo que establece Constitución.
En su artículo 14, la Carta Magna establece que "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Además, el 23.1 señala que "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".
"Los socialistas condenamos este tipo de represalias hacia los ciudadanos españoles, sea cual sea su ocupación o creencia, impidiendo que sean representantes de los ciudadanos sin un motivo justificado", ha sentenciado.
"PRESIONES" DEL PP
Al margen de las críticas por la decisión de las autoridades eclesiásticas, Quintas se ha mostrado "sorprendida" porque la decisión no haya llegado antes de la toma de posesión del acta de concejal sino después de ver "los buenos resultados" del PSOE en esta localidad.
"Queremos entender que no hubo presiones por parte de miembros destacados del PP de Ourense, porque sacerdotes significados de esta provincia sí hicieron campaña para el PP y uno de ellos fue concejal por este partido en Castrelo do Val", ha remarcado.
Según fuentes consultadas por Europa Press, esta acusación se dirige al caso de Julio Rodríguez, quien compatibilizó su cargo como sacerdote con una concejalía en esta localidad ourensana. De hecho, entre 1991 y 1995 ostentó la portavocía al ser el cabeza de lista del PP; mientras que entre 1995 y 1999 bajó puestos y figuró únicamente como edil.
