Con la lupa de la Unión Europea fija sobre el gasto público, un elemento se sale del guión de control presupuestario: la deuda de las empresas públicas autonómicas. Los criterios de contabilidad europeos excluyen estas partidas del cómputo general de déficit público, lo que evita que su montante, que se disparó un 66% desde el inicio de la crisis, abulte aún más las debilitadas arcas públicas. En esta estadística, sin embargo, aparecen tres excepciones que han aligerado este lastre: Murcia, La Rioja y Galicia. Ésta redujo en tres años un 10% la deuda de sus empresas hasta situarla en los 214 millones de euros.

Hay datos de deuda menos benévolos con el Ejecutivo de Feijóo, cuya deuda global ha pasado de 3.712 millones en 2007 a los 6.162 de diciembre pasado. El incremento se concentró precisamente en el período de gobierno popular. A mediados de 2009, cuando se produjo el traspaso de poderes, la deuda autonómica ascendía a 4.454 millones, de acuerdo con el Banco de España. Desde entonces, aumentó en 1.708 millones, según el Banco de España, en un contexto en que se disparó a nivel general. Las autonomías pasaron de deber 60.000 millones a casi 116.000.

En el caso de las empresas públicas gallegas, el déficit está estabilizado. Galicia cerró 2007, año del estallido de la crisis, con un lastre de 237 millones, la cifra se redujo en 23 millones en diciembre de 2010. "Hemos impedido el endeudamiento a través de la ley de presupuestos, la mayor parte de ella se ha concentrado en las Xestures" indican fuentes de la Consellería de Facenda, que recuerdan la deuda millonaria de estas entidades por la compra de suelo industrial antes del crack urbanístico.

La deuda media de las empresas públicas dependientes de la Xunta suponen el 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB), 1,2 por debajo de la media y la cuarta más baja de España.

La necesidad de atajar al máximo esta sangría de recursos afectó incluso a la nueva ley que regirá los medios públicos gallegos. El director xeral de la Corporación RTVG cesará de forma automática si el presupuesto del ente se desvía un 10%, de acuerdo con el proyecto de ley pactado entre PP y PSdeG.

Mientras Galicia logra atajar este apartado, en el resto de comunidades el déficit de las empresas públicas se ha disparado, pasando de 10.407 millones en 2007 a 17.284 en diciembre pasado, 1,7 veces el presupuesto anual de la Xunta. "Otras comunidades han usado este recurso para aumentar su deuda sin que afectase a sus cuentas generales", apuntan fuentes de la Xunta. En este terreno el endeudamiento afecta tanto a gobiernos populares, caso de la Comunidad Valenciana, como tripartitos, caso de Cataluña.

Las fórmulas de contabilidad europeas no computan como déficit público la deuda de aquellas empresas públicas que logran ingresos comerciales con que financiar al menos la mitad de sus costes. Por ello, estos 17.284 millones –y los 214 en el caso gallego– no están marcados en rojo en la libreta de deberes financieros de Moncloa, lo permite superar los límites de endeudamiento en algún caso. "Sucede en toda Europa", matizan fuentes del Banco de España.