Los procesos electorales comparten algo con el fútbol, como la incertidumbre del resultado o las reacciones emocionales que provocan, si bien el deporte tiene con más adeptos. Pero también cuentan con la figura del árbitro, que en el caso de los comicios toma cuerpo de Junta Electoral. A la central, situada en Madrid, se unen las cuatro provinciales de Galicia y las 27 de zona. Al igual que los colegiados, sus miembros compatibilizan sus tareas profesionales con este trabajo desde el inicio de la campaña hasta cien días después del 22-M. Para pagar a sus 186 trabajadores temporales el Ministerio del Interior gastará más de 250.000 euros por un trabajo ´extra´ de cinco meses, el período comprendido entre la fecha de la convocatoria electoral 30 de marzo y los cien días posteriores, aunque en el caso de los vocales el trabajo se inició con la campaña.

Cuando se acerca el día en que la ciudadanía ejerce su derecho al voto y deposita su decisión en urna, el foco se centra en las personas llamadas a formar parte de las mesas electorales. Sin embargo, no son las únicas obligadas a colaborar en el proceso. Muchos otros también deben velar por el cumplimiento de las normas electorales, desde el respeto a los tiempos de cada partido en los medios –también en las televisiones privadas tras la reforma electoral de este año–, las reglas de publicidad, las denuncias de partidos, la autorización de manifestaciones, consensuar las normas sobre posibles debates entre candidatos...

Salvos los secretarios de las juntas, el resto de miembros trabajan de forma transitoria en estos organismos durante el proceso, compatibilizando esta tarea con su trabajo diario. Las juntas provinciales están compuestas por tres magistrados de la provincia elegidos por sorteo y entre ellos se elige al presidente. Éste percibirá 2.130 euros, mientras sus compañeros recibirán 710, la misma cantidad que el delegado de la Oficina del Censo Electoral, que tiene voz pero no voto. A ellos se une el secretario de la junta, que recibe otros 1.952. "Durante este tiempo realizan su trabajo y atienden el proceso electoral", explican desde la junta provincial de Pontevedra. A ellos se unen dos vocales no judiciales elegidos a propuesta de los magistrados entre abogados de "reconocido prestigio" o catedráticos. Estos solo trabajan a partir del sábado en que se inicia la campaña y por esta colaboración reciben 497 euros.

Las cantidades están fijadas por el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, que establece que sean los responsables de las juntas de zona los que más dinero reciban. "En estos comicios son ellos los que se encargan del escrutinio", matizan desde la junta pontevedresa. Su composición resulta similar, pero los magistrados son elegidos por el Tribunal Superior de Xustiza, mientras que el secretario del juzgado decano de la zona es el encargado de ejercer ese mismo puesto. El presidente recibe 2.485 euros; el secretario, 2.307; los dos vocales judiciales 1.06; y los dos no judiciales, 639.

En Galicia existen 27 juntas de zona. En Pontevedra se trata de las Vigo, Tui, Pontevedra, Ponteareas, A Estrada, Lalín y Cambados; en A Coruña, Betanzos, Carballo, Corcubión; Ferrol, Noia, Santiago y A Coruña; en Lugo, Chantada, A Fonsagrada, Mondoñedo, Monforte, Vilalba y Lugo, y en Ourense, la de la capital provincial, Bande, O Barco, O Carballiño, Ribadavia, A Pobra de Trives y Verín.

Pago a los cien días

Los 186 ciudadanos que trabajarán en las juntas durante el proceso –24 en las provinciales y 162 en las de zona– percibirán sus gratificaciones cuanto transcurran los cien días posteriores a los comicios. "Se establece este plazo para atender posibles recursos", explican fuentes de la junta provincial de Pontevedra.