Los funcionarios gallegos sufrirán ajustes salariales y de plantilla durante dos años más

X. A. TABOADA - SANTIAGO Los empleados públicos tendrán que seguir cargando en sus nóminas, por lo menos hasta el año 2014, con el peso de contribuir parcialmente a rebajar el déficit público del Estado. El Gobierno central pretende aplicar durante los dos próximos años a los funcionarios y personal laboral una política de "moderación salarial" con la que prevé ahorrar unos 4.000 millones de euros adicionales de gasto público. Esta medida se extenderá a todos los funcionarios de las tres administraciones, por lo que también se verán afectados los empleados públicos de la Xunta y de todos los ayuntamientos gallegos. La regla no acepta excepciones y se suma a la ya vigente de adelgazar las plantillas de personal al mantener bloqueada hasta el año 2013 la reposición del 90% las plazas de funcionarios que queden vacantes por la jubilación de sus titulares.
Esta iniciativa forma parte del Programa de Estabilidad que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que fue enviado a Bruselas para su revisión por la Comisión Europea, pues en él se recogen las actuaciones que debe impulsar el Gobierno español para rebajar el déficit público y cumplir con los mandatos comunitarios.
Entre este año y 2013, según reconocieron ayer fuentes del Ministerio de Economía, el Ejecutivo quiere ahorrar solo en el capítulo de remuneraciones a los empleados públicos el equivalente a un 1,5% del PIB, lo que representa unos 15.000 millones de euros.
La primera medida para conseguir este objetivo fue congelar durante este año los sueldos de los funcionarios, a los que durante el segundo semestre de 2010 se les había recortado la nómina en un 5%. Con este decisión se conseguirá, al cerrar el ejercicio, reducir el déficit público en un 0,3% del PIB (3.000 millones de euros).
Se esperan además ahorrar otros 8.000 millones entre este año y 2013 dejando sin cubrir la mayoría de las plazas de funcionarios que queden vacantes por jubilación de sus titulares. El Estado ha fijado en un máximo del 10% la tasa de reposición de plazas libres, lo que se traduce en que cada año habrá menos empleados públicos y, por lo tanto, menos salarios que atender. El Ministerio de Economía sitúa, con este ajuste de plantillas, el ahorro para las arcas públicas en el equivalente al 0,8 por ciento del PIB.
Pero aún queda otra medida, de carácter novedosa, que se aplicaría los dos próximos años y con la que se prevé ahorrar otros 4.000 millones de euros. Y ésta es la implantación de un "esquema de moderación salarial aplicado al conjunto de las administraciones públicas", tal como se recoge en el Programa de Estabilidad. Una de la medidas podría ser que los funcionarios viesen incrementadas sus nóminas pero por debajo de la evolución del IPC y del PIB, lo que significaría una pérdida real de su poder adquisitivo.
"En el sector público debe seguir imperando la moderación salarial en los próximos años, de forma que en porcentaje del PIB, este concepto produzca un ahorro adicional de cuatro décimas más, pero no se habla en absoluto de congelación salarial, sino simplemente de moderación salarial", precisan fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda.