Pese a las dificultades que el sector tiene en cada territorio en particular, hay muchos problemas en común para todos los promotores eólicos. Independientemente de donde tengan sus parques. Por eso las patronales autonómicas del negocio del viento acaban de celebrar uno de sus cónclaves al amparo de la Asociación Eólica Española (AEE) para apurar una nueva regulación sobre las subvenciones que recibirá su producción en el futuro y reclamar "coherencia" a las comunidades y al Estado entre sus normativas. Una de ellas, la que regula el canon que grava las instalaciones en Galicia, se llevó una buena parte del protagonismo del encuentro. Los empresarios advierten a la Xunta y al Ejecutivo de Castilla-La Mancha –que acaba de poner en marcha la tasa como medida para atajar el déficit de sus cuentas– que estos "nuevos impuestos" son "innecesarios" y además "ponen el riesgo el atractivo inversor de las comunidades que los implantan".

"El dinero compite en toda España y con otros países –explican desde la AEE–. Las autonomías pensarán en los beneficios de una mayor recaudación fiscal a corto plazo, porque todas están en esa guerra de conseguir más ingresos, pero en el medio y largo plazo, las empresas que se encuentren con dificultades como éstas para invertir buscarán alternativas en otros lugares. Como ocurre también con los concursos de potencia".

De momento, los promotores no tienen noticias de que el futuro sistema de primas para la electricidad que salga de los molinos esté en el horno. El compromiso del Gobierno es sacarla cuanto antes. La AEE alerta del peligro de la "incertidumbre regulatoria". Un obstáculo en la obtención de financiación para los aerogeneradores –los recintos tienen inversiones altísimas–, más en un contexto de crisis, pero también para los planes productivos de las propias empresas. "Los proyectos llevan entre 6 y 8 años de maduración. Estos meses, antes de que acabe 2011, tendríamos que estar haciendo los pedidos a fábrica para los parques que se vayan a construir a partir de 2013", se quejan.

A la espera de que el Ejecutivo desvele también los futuros objetivos en potencia instalada en renovables, la patronal eólica considera que la intención de mantener las mismas metas que las enviadas a Bruselas el pasado año –35.000 megavatios en eólica terrestre y 3.000 en marina hasta 2020– es "poco ambicioso", aunque "razonable" por la actual coyuntura económica.