Casi 58 euros por hora. Ésta es la cantidad que percibieron el año pasado los profesionales que impartieron los cursos de formación de soldador de estructuras metálicas ligeras de la Xunta. Por 1.035 horas de trabajo repartidas en nueve meses y siete días, cada profesor se embolsó 59.971 euros, es decir, 6.600 al mes por seis horas al día. Las partidas destinadas a la formación laboral –de parados y también trabajadores– se reparten exclusivamente entre un grupo profesionales que componen el llamado catálogo de expertos docentes. Se trata de 414 "profesores" distribuidos de forma muy desigual: 33 en Pontevedra, 81 en Ourense, 142 en Lugo y 158 en A Coruña.
Solo ellos pueden impartir estas clases en virtud de una orden de 2004 firmada por la Xunta de Manuel Fraga y que permitió el año pasado a los 98 que impartieron algún curso repartirse 3,5 millones de euros. De acuerdo con los datos de Traballo e Benestar, existen casos de salarios de 5.700 euros mensuales por un curso de fontanería (40.095 euros por 7 meses y 13 días de trabajo), 45.478 por otro de cocina de ocho meses y once días, y uno de electricista durante seis meses y 17 días por 36.085 euros. Estos profesionales aportaban únicamente su trabajo. El material y el equipamiento corría a cargo de la Xunta. Además, su cobro estaba exento del IVA y tienen permitido compatibilizar esa docencia con la titularidad de otro negocio.
Esta situación está provocada por dos factores. El primero, la citada orden de 2004 que limita a los docentes de este catálogo la capacidad para dar cursos, un elemento que Traballo quiere modificar cambiando el catálogo y abriéndolo a más profesionales. El segundo radica en las normas estatales. Es el Estado quién financia estos cursos de formación y quién fija cómo repartirlos. La ley establecía que el 50% de los fondos destinados a este capítulo se invirtiese en docencia, lo que permitió a este grupo de expertos percibir la mitad de los siete millones de euros que la Administración central dio a Galicia en 2010.
Esta situación cambió en 2007, cuando Moncloa permitió a las comunidades reducir el pago a los docentes hasta el 35% de los fondos. Pero para aplicar esta rebaja, la Xunta necesitaba elaborar una nueva normativa para adaptar esta modificación. Traballo la ultima en estos momentos y prevé aprobarla a finales de mayo. Con este ahorro en nóminas, podrá aumentarse el número de cursos a impartir.
Además, Moncloa cambió en 2008 el sistema del catálogo de expertos y lo sustituyó por los llamados Certificados de Profesionalidad, que establecen unos requisitos nuevos y más exigentes de formación para quienes deseen impartir esta docencia. En este momento ha definido 89 categorías y espera publicar otras 159 en breve.
Con la reforma del mes que viene, Traballo aplicará también este nuevo sistema. "Esto posibilitará la contratación de esta docencia siguiendo la normativa reguladora de la ley de contratos del sector público y no teniendo que ajustarse exclusivamente al catálogo de expertos", indican fuentes del departamento de Beatriz Mato.
El proceso, sin embargo, está siendo conflictivo. Los miembros del catálogo no quieren renunciar a su situación y han acudido a los tribunales para reclamar su integración como personal laboral en la Xunta.
