La Xunta sostiene que la sentencia que avala el decreto eólico del bipartito no afecta a su concurso

X. A. TABOADA - SANTIAGO El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado el decreto eólico del bipartito que la Xunta de Feijóo anuló en su momento por considerar que presentaba "tachas de legalidad directa e infranqueable", sobre todo porque se apostaba –como un vía para mejorar la puntuación de las ofertas– por la participación pública en el capital social de los parques eólicos de nueva adjudicación. La sentencia, que no encuentra motivo alguno de objeción en la normativa del bipartito, no alterará el desarrollo del actual concurso eólico, promovido por la Xunta del PP. El conselleiro de Industria, Javier Guerra, sostuvo ayer que el proceso seguirá con toda normalidad, que la sentencia no alterará la planificación y que tampoco el sector se resentirá porque, destacó, el proceso acutal "está blindado jurídicamente" por ley. "Hay una ley que da garantías", dijo unas horas antes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
El pronunciamiento del TSXG responde a un recurso presentado en 2008 por Enel Green Power, que había solicitado 584 megavatios pero no recibió ninguno, en el que denunciaba quince preceptos que a su juicio resultaban ilegales. No obstante, la sentencia, notificada ayer oficialmente a las partes, rechaza todos los argumentos de la multinacional y ampara la controvertida figura de la participación pública de la Xunta en el accionariado de los promotores, una fórmula ideada por el bipartito para que los beneficios de la explotación eólica repercutieran en la comunidad autónoma.
El Tribunal Superior de Xustiza sostiene que a pesar de ser el aspecto que "más dudas plantea" es una fórmula "legítima". "Es una opción que puede merecer sus críticas, pero no puede reputarse de ilegal por vulnerar el principio de libertad de empresa ni disposiciones legales o constitucionales", dice la sentencia.
El detalle es importante porque sobre la figura de la participación pública la Xunta del PP fundamentó en gran medida su decisión de anular el decreto del bipartito, si bien contaba para ello con los informes favorables de la Asesoría Xurídida y del Consello Consultivo. Javier Guerra aún mostró ayer el dictamen del Consultivo donde se dice que la fórmula de la participación pública "sugiere una tacha de legalidad directa e infranqueable". Por lo tanto, añadió el conselleiro, la Xunta actuó con "responsabilidad" y para evitar riesgos. "¿Usted qué haría si tiene encima de la mesa un informe del máximo órgano de consulta y le dice que ese apartado es absolutamente ilegal? Si no anuláramos el decreto y la sentencia fuera ahora en sentido contrario esto tendría unas consecuencias incalculables", destacó el conselleiro.
La sentencia da pie a que los promotores eólicos reclamen indemnizaciones por la anulación del decreto del bipartito, pero Guerra aseguró que solo nueve empresas las solicitaron y que únicamente pueden demandar compensaciones por los costes derivados de la presentación de los proyectos y que además tienen que justificarlo. Pero también advirtió que aún hay otro recurso pendiente de resolución, "por lo que conviene tener los pies en el suelo".
El conselleiro negó que por razón del fallo judicial haya hecho o tenga previsto relevar a algún alto cargo de su deparmento "porque se actuó con buena be", pero sí mostró su "disgusto y sorpresa" porque la sentencia llegara un día antes la prensa que a los letrados de la Xunta.
El fallo del TSXG desbarata todas las argumentaciones de Enel Green y no encuentra indicidios de ilegalidad en ninguno de los 15 preceptos recurridos, como que el decreto se aprobara sin memoria económica ni evaluación medioambiental. De la misma forma, ampara requisitos como la necesidad de tener un punto de evacuación de la electricidad generada, los plazos para poner en macha el parque eólico, las exigencias mínimas de solvencia de un 20% o la exclusión de los aergoneradores en espacios naturales protegidos.