La crisis ha generado graves problemas de liquidez en el tejido socioeconómico gallego. La Xunta quiere paliarlos y para ello aplicará la misma receta que ha seguido para agilizar el pago de sus subvenciones a los concellos: reducir burocracia y adelantar una parte de las ayudas.

El Ejecutivo autonómico extenderá estas pautas a la entrega de todas sus líneas de ayudas, que este año ascenderán a 783 millones de euros, un 9% menos que el año pasado tras un recorte presupuestario del 10,3%.

Con esta agilización, la Administración autonómica reducirá en dos meses y medio el tiempo para resolver las solicitudes de ayudas: en 189 días los ciudadanos, empresas o entidades que pidan una ayuda sabrán si la Administración se la ha concedido. o no En el primer semestre, ya se habrá resuelto el 60% de ellas.

En el caso de los anticipos, se duplicará el porcentaje que la Administración ha adelantado durante los últimos cuatro años, que alcanzó el 15% de media. Este año se elevará hasta el 30% –238 millones de euros–, según adelantó ayer el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. "Es un esfuerzo importante y consecuente con la situación actual y las demandas de muchos colectivos", justificó.

El dirigente presentó ayer esta optimización del funcionamiento de la Administración y señaló como prioridad la lucha contra el desempleo, un ámbito que, incluyendo la formación laboral, recibirá un tercio de las ayudas que este año entreguen las diez consellerías de la Xunta, lo que supondrá una cantidad global de 229,2 millones. En volumen, le seguirán las partidas del sector agroganadero y forestal, con 159 millones, y el sector pesquero, marisquero y acuícola, con 90. En último lugar en la recepción de ayudas, se situarán la cultura, con 3,2, y el asociacionismo y la acción sindical, con 2,6.

Esta nueva forma de actuar no se limitará a la resolución de las solicitudes de subvenciones, sino que también afectará a su publicación. La Xunta será más rápida a la hora de plasmar en el DOG sus convocatorias de ayudas para que las entidades sociales y económicas puedan prever sus ingresos a lo largo del año y reducir su incertidumbre. En lugar de tardar una media de 181 días, como ahora, la demora se situará en los 81.

Pese a la rapidez, Rueda descartó un posible aumento del riesgo de fraude. "Que se admitan antes no quiere decir que no se controlen. Si la actividad no se ajusta a las bases de la subvención tendrán que devolverlas", sostuvo. Luego, ya será "tarea de cada consellería evaluar" la rentabilidad de cada subvención.

Por otro lado, el conselleiro reconoció que "puede haber desajustes" en el cumplimiento de la Lei de Transparencia de varios altos cargos de la Xunta, que no actualizan su declaración de bienes. "Serán corregidos", anunció Rueda.