La Fiscalía propone reforzar a los secretarios municipales para combatir la corrupción

Varela alerta de deficiencias en los sistemas de control de las administraciones públicas

 06:30  

ROSA PRIETO - A CORUÑA La falta de mecanismos de control en los ayuntamientos gallegos ha provocado un aumento de los casos de corrupción por parte de alcaldes y concejales. Una de las últimas tramas de adjudicaciones irregulares fue destapada esta semana en tres concellos de A Costa da Morte –Fisterra, Cee y Mazaricos– y supuso la detención de once personas, entre ellas los alcaldes de los tres municipios coruñeses, tres ediles y dos constructores. La Fiscalía Superior de Galicia tiene su propia receta para combatir los "comportamientos corruptos" de los cargos públicos. Y para atajarlo, urge una mayor implicación de la Xunta y de los concellos.
Una de las causas que, a juicio del fiscal superior, Carlos Varela, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" es el "debilitamiento de las competencias de control urbanístico" a los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Para Varela, estas figuras deben jugar un papel "clave" en el "control interno de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales". ¿Cómo? Haciendo vinculantes los informes emitidos por los secretarios y los interventores, lo que evitaría que el Concello buscase dictámenes a medida a través de un asesoramiento externo.
Aunque evita entrar en el caso concreto de la investigación de la denominada "Operación Orquesta" y manifiesta su "respeto escrupuloso a la presunción de inocencia" de los detenidos, el fiscal superior reconoce que el urbanismo se ha convertido en los últimos años en una "fuente de riesgo de comportamientos corruptos". "Y más todavía –añade– si al mismo tiempo no funcionan adecuadamente los sistemas de control de las administraciones públicas".
En esa labor contra la corrupción, Carlos Varela también apela a la colaboración del Gobierno autonómico, al que recuerda que es "imprescindible" que la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, mantenga una "colaboración permanente con la Fiscalía para "detectar y corregir ilegalidad urbanísticas constitutivas de delito, con independencia del color político de cada corporación".
Desde el punto de vista jurídico, el fiscal superior propone "cerrar los resquicios del ordenamiento jurídico por los que ocasionalmente puedan deslizarse las tentaciones de algunos gestores públicos para ejercitar las potestades de su cargo con fines de enriquecimiento personal".
Otra de las medidas que según la Fiscalía Superior permitiría combatir la corrupción urbanística en Galicia sería la actualización del régimen de incompatibilidades del personal de los ayuntamientos. En el punto de mira está la figura del alcalde promotor. La propuesta para evitar que un regidor, servidor público que tiene que ser un vigilante de la legalidad urbanística, pueda ser promotor ya la hizo el ex presidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño a principios de 2007 al asegurar que "iba a pasar a la historia" la posibilidad de combinar el bastón de mando municipal con el sector de la construcción. Pese a las reclamaciones del entonces líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no se introdujo modificación alguna en la ley de incompatibilidades para evitar compaginar Alcaldía y actividad urbanística. Pero con la llegada de Feijóo a la Presidencia de la Xunta, la reivindicación que en su día hacía desde la oposición quedó aparcada.
Ante los múltiples escándalos de corrupción que han saltado a la luz pública en Galicia en los últimos años, el fiscal superior también defiende la creación de cuerpos autonómicos de inspectores urbanísticos y unidades de la policía judicial en delitos de esta naturaleza.
De no reforzar los mecanismos de control internos y externos sobre el urbanismo municipal y no crear unidades autonómicas de la policía judicial, Varela alerta de que el goteo de casos de corrupción protagonizados por cargos públicos "minará la confianza de los ciudadanos en el sistema político, generando un serio problema de deslegitimación de las instituciones públicas.

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