La reforma del modelo de justicia gratuita se ha convertido para la Xunta en una cuestión clave para la supervivencia del sistema. El incremento de su coste en los últimos años, vinculado sobre todo a la crisis y a reformas legislativas como los juicios rápidos o los nuevos delitos de tráfico, han llevado a Galicia y al resto de comunidades con competencias a reclamar al Gobierno que revise la ley de asistencia jurídica gratuita cuanto antes para garantizar que solo accedan a ella las personas que realmente lo necesitan.
La situación ha llegado hasta tal punto que si no se ponen límites de inmediato para acceder a este servicio, la Consellería de Presidencia da por seguro que tendrá problemas para asumir los pagos a abogados y procuradores de oficio este mismo año. "De ahí la urgencia de que el ministerio modifique el borrador de la ley de asistencia jurídica gratuita", insisten fuentes de este departamento, que reconocen que los retrasos en el pago de salarios desde agosto a los colegios de A Coruña, Pontevedra y Ourense no son más que el primer "síntoma" de una situación que "irá a peor", sobre todo teniendo en cuenta el ritmo al que crece el gasto de la asistencia jurídica gratuita en la actualidad.
A falta de liquidar los pagos correspondientes al tercer trimestre, la Xunta estima que se gastó el año pasado 11,1 millones de euros en mantener la justicia gratuita, casi cuatro veces más que cuando asumió las competencias en 1995. Es una cifra que crece cada año, sobre todo desde el inicio de la crisis y que obliga a Presidencia a echar mano de partidas adicionales para completar un presupuesto inicial –unos 9–, que se queda siempre por debajo de los costes.
El Gobierno, sin embargo, no comparte su postura. Lo dejó claro el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cuando esta semana las 12 comunidades con competencias en la materia reclamaron una reforma urgente del sistema.
Su demanda cayó en saco roto y aunque Caamaño se mostró receptivo a introducir cambios que eviten costes añadidos y mejoren la eficiencia del sistema, fue inflexible en su defensa del modelo vigente, un "derecho fundamental" que, recordó, las comunidades con competencias en Justicia tienen la "obligación" de sufragar.
Las comunidades consideran que la reforma que ultima el Ministerio "amplía de manera indiscriminada el ámbito de aplicación de la asistencia jurídica gratuita" y hará "insostenible" para las arcas autonómicas seguir sufragando este servicio. "No se puede extender ese derecho a supuestos de litigantes que sí tienen recursos suficientes", resumió el martes el consejero de Justicia cántabro, Vicente Mediavilla.
