Un terremoto financiero se vivió el pasado lunes a las seis y media de la tarde cuando la vicepresidenta económica del Gobierno de España y ministra de Economía, Elena Salgado, comparecía en una rueda de prensa convocada solo un par de horas antes para zanjar los rumores e hipótesis sobre el futuro de las cajas, y presentar un avance de la segunda reordenación para el sector financiero, una reforma que dará una vuelta de tuerca a la historia de las cajas de ahorros, con 300 años de vida a sus espaldas.

Tras un año ya de profundas transformaciones, en 2010 se pasó de 45 cajas a 17 con nuevos modelos de organización, se abría una semana de infarto para los directivos de las cajas, más para unos que para otros, pues tienen hasta septiembre para elevar su core capital (los fondos propios con que puede responder una entidad frente a todos los activos ponderados de riesgo), si no las cajas serán seminacionalizadas durante cinco años, convertidas en bancos y después vendidos. El lunes Salgado anunció que el mínimo de solvencia exigido sería del 8% para bancos y cajas y dos días después desataba otra tormenta política y financiera al adelantar en una entrevista en TVE que para las cajas no cotizadas sería entre el 9 y el 10%. Un porcentaje que muchas no cumplen.

Temblaron los cimientos del sector, y mientras las cajas más perjudicadas se indignaban con el cambio de rumbo, y aseveraban que es imposible cumplir en tan poco tiempo con el nuevo ratio de solvencia, la CECA, la patronal de las cajas, se mostraba prudente, primero valorando que no se toque la LORCA (la ley de las cajas), y luego declarando que "las exigencias de capitalización permiten la supervivencia del sector".

Hasta el viernes, no hubo una objeción pública de la patronal y fue de boca de su presidente, Isidro Fainé, quien exige las mismas reglas de capital para bancos y cajas, y no más para las segundas. Sin embargo, el reparo venía precisamente del también máximo responsable de La Caixa, buque insignia que junto a Caja Madrid acostumbra a marcar el paso del sector, y que el mismo jueves anunciaba que traspasará su negocio financiero a un banco y cotizará en bolsa.

Los expertos auguran la bancarización del sector y apuntan una segunda ola de fusiones que reducirá el número de cajas a unas cinco más o menos. Y por último advierten de que los grandes fondos de inversión extranjeros están atentos para entrar en las cajas, eso sí, a cambio de su control, y su cartera de negocios empresariales es uno de los objetivos más apetecibles.

Los más críticos con el plan de Salgado sostienen que éste beneficia a los grandes bancos españoles y extranjeros, que se librarán de sus competidoras, las cajas, e incluso las podrán comprar a "precios irrisorios", en palabras del propio Mariano Rajoy.

El objetivo de esta segunda reforma, que aboca a las cajas a una transformación histórica, es obligarlas a "la máxima transparencia y fuerte solvencia" para disipar de una vez por todas las dudas sobre el sector, incertidumbres que elevan el coste de la deuda pública española y "dificultan" el crecimiento de la economía del país. Esta es la filosofía del Gobierno español, pero no la del PP. Su líder Mariano Rajoy adelantó el lunes su disposición "favorable" a respaldar el plan de Salgado si ayudaba a abrir el grifo del crédito a empresas y familias.

Tras analizar un plan, del que poco se sabe aún, el presidente del primer partido de la oposición, se descolgaba el viernes con un rechazo contundente. Es "un peligro para la economía española, el crédito, la recuperación de la inversión y la creación de empleo". No obstante, Rajoy está dispuesto a "hablar" y negociar y pactar una solución, como ya pasó con la reforma de la LORCA, que abrió la puerta a que las cajas creen bancos al que traspasar su negocio financiero.

Con más firmeza, reaccionó ya el mismo lunes, la Xunta de Galicia. Denunció "un bandazo" y cuestionó que se "cambie la estrategia de las cajas", pues primero se les obliga a sanear balances, y ahora se les exige sumar capital, dando igual que éste sea bueno o malo, lamentan desde el Gobierno autonómico. Una de las "víctimas" sería Novacaixagalicia, advierten, pues fue una alumna aplicada y al limpiar sus cuentas también se deshizo de capital.

Feijóo está dispuesto a movilizar a los partidos y agentes sociales para mantener de nuevo la galleguidad y la condición de caja de Novacaixa, pero también entiende que la propuesta final corresponde a los directivos de Novacaixa y confía en que coincida con las demandas de la sociedad gallega. Un nuevo matiz en el tono de su discurso, pues desde la Xunta siempre se defendió que las decisiones debían ser conjuntas, y solo hay que recordar como tomó la iniciativa para hacer realidad la fusión de Caixanova y Caixa Galicia.

¿Y cual fue la respuesta de la entidad gallega? Primero silencio, pero su mutismo alimentó las dudas sobre su situación, pues mientras Novacaixa callaba y no informaba de su core capital, otras entidades salían a la palestra a exponer su ratio de solvencia. De hecho, sigue siendo una de las pocas cajas que aún no ha revelado el porcentaje, y tan solo confiesa que no llega al 8% mínimo que se exigirá a los bancos, y menos al 9 o 10% que se pedirá a las cajas.

El martes, a última hora salía a escena haciendo públicos sus datos de exposición al ladrillo, en este momento considerado el máximo riesgo al que se exponen las cajas. Su negocio inmobilario asciende a 30.363 millones de euros, de los que 13.750 millones son los más delicados, pues están en préstamos a promotores y en inmuebles y suelo que llegaron a manos de la caja por impagos. De hecho, el 40% de los crédito a constructores, admite Novacaixa, son dudosos o pueden serlo en breve. La entidad subrayó que su exposición al ladrillo es inferior a la media del sector.

El viernes se reunía su consejo de administración, encuentro ordinario de cada mes, y se acordaba trabajar para seguir siendo una caja. Ésta es la prioridad, pero también que explorará "todas las vías" que le ofrece la legislación y el Gobierno para cumplir los nuevos mínimos de solvencia, aunque reconoce "dificultades".

¿Y cuáles son esas vías? Si novacaixa no quiere en septiembre ser seminacionalizada, y en consecuencia convertirse en banco, para luego ser vendida al capital privado, debe alcanzar un core capital entre el 9 y el 10%, el porcentaje definitivo no se sabe porque el Gobierno de España aún no lo ha revelado. Fuentes financieras advierten de que la caja necesitaría más de dos mil millones solo para alcanzar un core capital del 8%.

Las fórmulas son varias. Por ejemplo, puede vender oficinas y participaciones en industrias para captar capital, pero en plena crisis económica y con otras cajas también en busca de capital los precios pueden ser de saldo. Además puede acudir a una de las fórmulas abiertas por la LORCA: seguir siendo una caja permitiendo la entrada de capital privado vía cuotas participativas con derechos políticos, mediante un SIP (Sistema Institucional de Protección) articulado en un banco, con la figura de caja solo para obra social, o sin ir al SIP crear un banco y dejar la obra social en la caja o su transformación directa en una fundación.

Nadie en Novacaixa se atreve a apuntar cuál puede ser el camino a tomar. Su explicación: El Gobierno hasta ahora solo ha esbozado las nuevas medidas de exigencias pero la entidad necesita conocer los detalles para hacer sus cuentas y conocer sus posibilidades y su margen de actuación. Por delante tiene ocho meses de vértigo.