"Que el catálogo gallego se aprobase en el Parlamento no le da legitimidad jurídica"

-¿Cuándo presentará el Ministerio de Sanidad el recurso contra el catálogo gallego ante el Tribunal Constitucional?

-En unos días tendremos el informe preceptivo que elabora el Consejo de Estado y que ha tramitado formalmente el Ministerio de Política Territorial. El plazo máximo legal para presentar un recurso cuando el Gobierno estima que se invaden competencias es de tres meses desde que se aplica la norma. En este tiempo lo haremos.

-Los servicios jurídicos del ministerio ya han adelantado que hay indicios de inconstitucionalidad en la ley gallega.

-Cuando aparece esta ley y posteriormente la resolución de la Xunta con el catálogo priorizado de medicamentos, los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado lo estudiaron y nos transmitieron que hay una invasión de competencias. Quien tiene la competencia exclusiva para decidir qué medicamentos se incorporan al catálogo y a qué precio es el Ministerio de Sanidad. Son los propios servicios jurídicos los que nos plantean que hay que actuar y el Ministerio de Política Territorial coincide con esta percepción jurídica.

-La Xunta defiende que tiene competencias para la racionalización de su gasto farmacéutico.

-Claro que las comunidades tienen competencias para el uso racional de medicamentos. De hecho, todas las comunidades están desarrollando iniciativas para ello. Pero la medida gallega, en concreto, que define a qué medicamentos tienen derecho sus ciudadanos, va en contra de la competencia del Estado, que tiene la responsabilidad de velar por la igualdad en todo el territorio nacional. Y aunque haya sido tramitada como ley en el Parlamento de Galicia y haya obtenido mayoría eso no le da legitimidad jurídica.

-¿Las iniciativas de otras autonomías se centran en la prescripción por principio activo?

-Hay un montón de acciones que las comunidades han adoptado en el marco de sus competencias, sin un catálogo priorizado. Algunas se basan en prescripción por principio activo, como Andalucía, que ya prescribe el 70% de los fármacos por principio activo y por decisión voluntaria de los médicos, que condiciona que los farmacéuticos dispensen luego el medicamento más económico. Hay otras comunidades que incentivan la prescripción de genéricos entre sus profesionales, sin ser por principio activo. Algunas controlan los medicamentos en pacientes crónicos polimedicados, que tienen más de cinco o seis tratamientos al tiempo al tener varias patologías. Si miramos las estadísticas y con estas medidas hay comunidades que ahorran más que Galicia. El gasto de la comunidad gallega crece de modo interanual un 0,74%: otras comunidades ya disminuyen su gasto hasta un 5%.

-¿Cuál es la diferencia básica entre la prescripción por principio activo y el catálogo gallego?

-Por principio activo, el médico receta por ejemplo, Amoxicilina, y luego en la farmacia le dispensan el fármaco más económico en lugar de la marca X. La diferencia es sustancial porque en Galicia recete lo que recete el médico se le va a dar el más barato. De todos modos, no queremos entrar aquí: esto deberían cuestionarlo los médicos. La competencia del catálogo de fármacos es del Gobierno y luego cada comunidad puede trabajar con los médicos para que prescriban una cosa u otra dentro de este marco.

-La Xunta asegura que se vio obligada a actuar para reducir la factura porque el Gobierno no tomaba medidas. ¿Es cierto?

-En absoluto y ese argumento de que no hemos hecho nada se cae por su propio peso. Sacamos dos decretos ley en 2010 para rebajar el precio de los medicamentos y en marzo saldrá otro. Estos precios de referencia supondrán un ahorro de 2.800 millones de euros en España: en Galicia, el impacto anual de esta medida será de 112 millones, por decisiones tomadas por el Gobierno. Le digo más, en mayo de 2010 el gasto mensual en farmacia de Galicia subía el 11,24%. En junio, un mes después de aplicar nuestra norma de precios, bajó hasta el 2,54%.

-¿Sanidad intentó paralizar la ley gallega?

-Galicia puede tomar medidas de ahorro que estén en el ámbito de sus competencias. Esta, en concreto, invade las nuestras y, lógicamente, no tenemos más remedio que impugnarla. A ninguna administración le gusta recurrir una norma pero, si no queda otra, tiene que ser así. El Ministerio avisó a la Xunta incluso antes de que aprobara la ley. Cuando se presentó la primera iniciativa en el Parlamento, alertamos de que si se aprobaba en esos términos tendríamos que impugnarla.

-¿Qué falló?

-Es una iniciativa del Parlamento de Galicia y si desde la Xunta no consideraron oportuno atender nuestra advertencia ellos tendrán que explicar por qué no lo hicieron.

-¿Resta derechos a los ciudadanos gallegos?

-Que invada competencias no es baladí, es que la competencia del Estado es la garantía de equidad e igualdad de todos los españoles. Cuando un ciudadano de Cataluña, por ejemplo, se desplace un mes a Galicia le cambian su tratamiento completo y los medicamentos. No puede ser: los ciudadanos no pueden tener distinto acceso a fármacos en función de la comunidad donde residan. Y, repito, no es competencia de la Xunta decidir algo así.

-¿Cuál es la condición para frenar el recurso?

-Que la Xunta decida no aplicar su catálogo, pero eso todavía no lo hemos escuchado. Ayer (por el jueves) se reunieron nuestros servicios jurídicos y los de la Xunta. Tras escuchar los argumentos de Galicia, ratificamos que la ley invade competencias. Ahora será la Xunta la que decida si ratificar o rectificar su catálogo. Que conste que no se trata de una confrontación política, es una defensa de competencias. Este gobierno está haciendo mucho en control de gasto farmacéutico. En 2004 el crecimiento interanual en España era del 11,02% y en 2010 nos situamos en -2%. Algo habremos hecho, ¿no?