Más de 66.000 funcionarios gallegos se libran de las restricciones del catálogo de fármacos implantado por la Xunta y acceden a todos los medicamentos incluidos en el nomenclátor nacional. La ley de racionalización de gasto aplicada por Galicia y que el Ministerio prevé recurrir ante el Tribunal Constitucional no afecta a todos los trabajadores de instituciones públicas.

Al gozar de un seguro privado, siguen teniendo derecho a todas las medicinas que se mantienen en el resto de comunidades autónomas mientras que el resto de los gallegos han de acatar, por ley, el listado priorizado de fármacos de Galicia, que cubre todas las dolencias pero con los medicamentos de menor precio, en su mayoría genéricos.

La aplicación del catálogo gallego provocará diferencias entre la población de la propia comunidad autónoma y no solo entre los gallegos y el resto de los ciudadanos españoles, como sostiene el departamento de Leire Pajín. La ley solo rige para los medicamentos financiados por el Servizo Galego de Saúde, de modo que hay funcionarios que siguen teniendo acceso a fármacos de marca al estar vinculados a las mutuas.

Funcionarios del Gobierno español (30.800), profesores de la Xunta y de las Universidades (31.375 y 3.875, respectivamente), inscritos en Muface, Sanitas o Adeslas, gozarán de mayores privilegios en materia sanitaria que el resto de la población tras la aplicación en su plenitud del catálogo priorizado de medicamentos de Galicia, que excluye parte de los fármacos que sí se financian con fondos públicos en las demás comunidades autónomas.

"Las mutuas son nacionales, es decir, en todas las comunidades funcionan igual y es a nivel estatal. Con el catálogo gallego de fármacos, un funcionario de Madrid y uno de Galicia tiene acceso a los mismos medicamentos, pero quien no sea funcionario no. En cierto modo es una incongruencia", explica José Luis Rodríguez Dacal, presidente de la Federación de Farmacias de Galicia.

Como consecuencia, las boticas gallegas no podrán deshacerse de todo el stock de medicamentos de marca que ya no serán financiados por el Sergas.

"Tenemos que disponer, igualmente, de fármacos excluidos del catálogo autonómico porque algunos ciudadanos sí los pedirán como, en este caso, el funcionariado. El problema es que es muy difícil calcular cuántos. También hay que tener dichas marcas para la gente que los quiera pagar, al margen de las recetas oficiales. No sé, es un lío. A mayores, en marzo entra en vigor el nuevo sistema de precios de referencia y, a mayores, si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso que prepara el Gobierno se paralizará el catálogo, y podríamos dispensar de nuevo todas las marcas. Es un fregado", añade Rodríguez Dacal.

A partir de febrero, los nuevos funcionarios del Gobierno español y los profesores de la enseñanza pública ya no dispondrán de seguros como Muface: entrarán en el sistema público, tras la aprobación de las medidas de recorte de gasto del Gobierno central. De este modo, los que ya están en el sistema accederán a todo el catálogo nacional y, los nuevos, al gallego, con menos medicamentos y en su mayoría genéricos.