Con el pie en el acelerador, algunas más a fondo que otras, pero sin excepciones, las comunidades nutren sus debilitadas cuentas este año ante la caída de ingresos propios y de las transferencias estatales por la crisis a base de endeudamiento. Por primera vez en la historia, el pasivo de los Ejecutivos regionales superó el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) al cierre del tercer trimestre, más de 107.600 millones de euros. A esa cantidad se suman otros casi 16.600 millones vinculados a la llamada administración paralela, las empresas públicas con las que las regiones asumen la gestión de parte de los servicios públicos. Galicia no es una excepción. El objetivo de la Xunta era cumplir a rajatabla su previsión en bonos y créditos, hasta 1.325 millones –de lo contrario, el próximo 2011 vería mermada su capacidad para lograr la financiación externa que necesita–, con lo que la deuda total acabó el tercer trimestre ligeramente por encima de los 5.800 millones, el equivalente al 10,6% de la riqueza autonómica. Por encima de la media del conjunto del Estado por tanto y en el quinto lugar entre todos Ejecutivos territoriales, según la información actualizada ayer por el Banco de España.

¿Cuáles son las comunidades más endeudadas? Las cuatro que están por encima de Galicia y con muchísima diferencia además sobre el resto. Valencia suma 16.365 millones, lo que supone el 16% de su PIB. Alrededor del 15% están el resto, con Cataluña en el nivel de los 30.300 millones (15,4%); Baleares alcanza los 4.000 millones (15,2%); y Castilla-La Mancha, con 5.300 millones (15,1%). La otra cara de la moneda son Asturias y País Vasco, que tienen un pasivo en circulación representativo del 6,2% de su PIB, con 1.407 millones y 4.100, respectivamente.

La evolución del último año es uno de los mejores termómetros para ver el impacto que la recesión ha tenido para el día a día de las administraciones autonómicas, con un incremento generalizado de la deuda del 27,3%. En el caso concreto de Galicia, el alza registrada desde el final del tercer trimestre de 2009 escala al 32%. Pese a la relevancia de los números, hay once comunidades con ascensos todavía más elevados. Especialmente el País Vasco, hasta un 143%. El endeudamiento en Castilla-La Mancha es casi un 69% mayor que hace doce meses. Un 66% en Cantabria; un 46% en Asturias y Extremadura; 44% en Navarra; 43% en Aragón y La Rioja; y un 33,6% en Castilla y León.

La Consellería de Facenda da por seguro que el techo de la deuda del Gobierno gallego volverá a estar por debajo de la media cuando acabe el año, en torno al 11%. Por dos motivos. Primero, porque se notará ya la amortización de 268 millones de euros ejecutada en noviembre. Segundo, porque en el último trimestre se relajará el efecto que tiene en las estadísticas publicadas por el Banco de España la maniobra de San Caetano para concentrar las operaciones de deuda en la primera parte del año.

Un poco de estrategia y un poco de suerte, según admiten fuentes del departamento que dirige Marta Fernández Currás. Ante el "otoño caliente que se avecinaba", Facenda quería evitar la recta final del ejercicio para, como finalmente ocurrió, adelantarse a una nueva oleada de turbulencias en el mercado alrededor de la deuda pública emitida desde España. "Los datos que realmente importan son los que conoceremos cuando acabe el año", insisten en la consellería.

Pese a la situación de la economía, la Xunta está consiguiendo finalizar el ejercicio, y no las tenía todas consigo, con el plazo de pago más corto entre las regiones. A un máximo de 28 días. Al igual que en 2009, las cuentas se cerrarán cumpliendo el objetivo de estabilidad, lo que le permitirá de cara al próximo año mantener su capacidad para formalizar préstamos sin necesidad del permiso del Ministerio de Economía. El plan de endeudamiento para 2011 se sitúa en 735 millones.

Junto con el resto de comunidades, el Ejecutivo gallego tiene una cita la próxima semana con el Ministerio de Economía para analizar la presentación conjunta, y adelantada, de la ejecución presupuestaria. Es un nuevo intento del Gobierno central para aportar transparencia a los inversores y calmar el insostenible ritmo al que crece la remuneración que el mercado exige a la deuda soberana, la que emite el Estado, y, por contagio, a cualquier autonomía que quiera lanzar también sus ofertas.