Cada universidad tendrá que firmar con la Consellería de Educación un contrato programa individualizado en el que fijará objetivos de mejora en docencia, investigación, transferencia de tecnología, proyección internacional, responsabilidad social, gestión, adaptación a las necesidades sociales e impulso a los campus periféricos. Así consta en el Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia 2011-2015, con el que la Xunta pretende mudar el actual sistema de asignación de fondos y primar la eficiencia y los resultados. El plan ha sido recibido con reticencias por parte de los rectores, pero por razones diferentes. Vigo querría un plan más ambicioso, donde el peso de la financiación en función de la calidad fuese mayor.
El primer contrato programa que tendrán que presentar los rectores será para 2011 y 2012 y la Xunta ya garantiza a cambio de ello a las tres universidades 19 millones de euros, de los cuales 7,5 millones serán para Santiago, 6,3 millones para Vigo y 5,1 millones para A Coruña.
Para el trienio 2013 -2015, los rectores deberán elaborar cada uno un segundo contrato-progarama, y entonces la Xunta ya asignará los recursos en función del cumplimiento de resultados, y la medición se hará en base a unos indicadores y unas fórmulas que aún están en discusión, y que son el escollo que divide a los rectores ante el nuevo Plan de Financiación. El rector de Vigo, Salustiano Mato, ya advirtió de que no admitirá “ingenierías” para que luego todo quede igual.
El departamento de Jesús Vázquez se compromete a que estos contrato programa decidirán el 10% de la financiación universitaria anual a partir de 2013. Pero los contratos-programa no serán la única fórmula para distribuir euros en función de la excelencia demostrada por cada campus. Hasta el 30% de los fondos en 2015 deben distribuirse por cumplimiento de objetivos y así habrá también una subvención por resultados de investigación (38 millones en 2011, una partida que crecerá anualmente igual que el PIB gallego más tres puntos) y otra por resultados de transferencia tecnológica (7,2 millones en 2011, una cantidad que crecerá anualmente igual que el PIB gallego más tres puntos), donde los mejores sacarán mayor tajada.
“Los créditos se distribuirán preferentemente mediante fórmulas de concurrencia competitiva”, establece el Plan, al que ha tenido acceso este diario.
En el programa 2011-2015, la Xunta no compromete una cifra para invertir en la enseñanza superior, aunque se ha hablado de un total de 2.105 millones de euros, y es más se deja constancia de que la financiación “se revisará anualmente” y el plan estará “sujeto” a “las medidas expecionales que en materia de estabilidad presupuestaria y/o contención del gasto público pueda adoptar el Gobierno del Estado y la Xunta”. Lo que sí se fija es la subvención para 2011. Las Universidades se reparten 390,3 millones: y el 42,8% se lo lleva Santiago, el 29,7%, Vigo, y el 27,45%, A Coruña.
Mejora de calidad
La futura financiación univeristaria consta de tres fondos. Uno es por resultados y el segundo por mejora de la calidad. Este fondo, que se nutre con 18 millones en 2011, a partir de 2012 estará “vinculado al cumplimiento del Plan de Sustentabilidad” y se “primarán criterios de eficiencia y eficacia en la gestión económico-financiera, en la planificación académica y las medidas que permitan compartir recursos entre las tres universidades”.
¿Y qué es el Plan de Sustentabilidad? El programa que cada universidad debe presentar antes del 15 de febrero del próximo año para garantizar el equilibrio presupuestario de la institución y que deberá ser aprobado o rechazado por la Consellería de Facenda.
El tercer fondo, que es el más importante desde el punto de vista cuantitivo, es el estructural, y debe cubrir los costes derivados del normal funcionamiento de los campus. En 2011, son 307 millones de un total 390, aunque en 2015 su peso se rebajará al 65%. En este capítulo, la Xunta garantiza al menos 25 millones de euros durante los cinco próximos años solo para inversiones de reparación y mejora.
El plan obliga además a crear un grupo de trabajo, con Xunta y Universidades, que cada año debe promover diez medidas de racionalización del gasto y de mejora en la eficiencia en la gestión.
