La Xunta ha previsto en sus presupuestos que el próximo año la empresa privada aporte 300 millones de euros para financiar la construcción de grandes obras de infraestructuras, entre las que se incluyen diez autovías, el nuevo hospital de Vigo o una veintena de centros de salud. Sin embargo, la previsión resulta demasiado optimista para la patronal gallega de la construcción, que pronostica que ni por asomo se alcanzarán las cifras de inversión privada que calcula el Gobierno gallego debido a las restricciones en los créditos de las entidades financieras. Y además hay otro problema, derivado de la dimensión de las empresas gallegas. Solo media docena de ellas como máximo tienen suficiente capacidad y músculo financiero para acceder en solitario o liderando una UTE a los concursos de licitación para construir estas grandes obras.

Debido a la crisis y al consiguiente recorte presupuestario, la Xunta ha apostado por impulsar la participación privada en la ejecución de obra pública. Las grandes infraestructuras se adjudicarán por la fórmula de concesiones, de tal forma que es la empresa la que se encarga de conseguir la financiación para ejecutar la obra adjudicada. Una vez concluida, se entrega a la Administración autonómica y entonces comienza a cobrar un canon anual durante un plazo que puede oscilar entre los 20 y los 30 años, a cambio de encargarse también del mantenimiento de la infraestructura.

Esta fórmula exige a la empresa privada un estructura potente y músculo financiero, tanto porque tiene que negociar con los bancos que le adelanten el dinero, y para eso debe tener algo con que avalar, como porque se le exige también un mínimo de recursos propios.

Pero este modelo no es el idóneo para el sector de la construcción gallega, debido a las reducidas dimensiones y fortaleza de sus empresas. Según la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Asociación de Empresas de la Construcción de A Coruña(Apecco), "solo cinco firmas gallegas, seis como máximo," reúnen los requisitos para liderar una UTE o presentarse en solitario a las licitaciones de estas grandes obras. "Al resto del tejido de la construcción le resulta imposible y si, van, siempre será como subcontratas de las grandes empresas nacionales", advierte la comisión de infraestructuras de la CEG, apreciación que es compartida por Apecco, la asociación provincial que reúne al mayor número de constructoras gallegas.

La patronal duda además de que la Xunta logre su objetivo de llegar a los 300 millones en inversión privada. "Será muy difícil que la previsión tenga éxito. Es prácticamente imposible, ya que no creo que se produzca un milagro en 2011", sostiene el gerente de Apecco, Miguel García Eiroa.

Su argumento es que los bancos y cajas "no están por la labor de financiar proyectos de la construcción" y que la prueba es que grandes obras en España programadas por el mismo sistema de aportación privada han decaído por falta de apoyo financiero y que las entidades siguen por la senda de restringir los préstamos y revisar a la baja a las pólizas de crédito, sobre todo los concedidos a empresas de la construcción.

Estas mismas dudas ya fueron expresadas hace una semana por el presidente de la CEG, Antonio Fontenla, que si bien avaló al fórmula de la aportación privada para mantener los niveles de inversión en Galicia, advirtió que iba a resultar "difícil" conseguir esos 300 millones de euros debido a la falta de liquidez de las empresas y a las restricciones del sistema financiero.