Ante todas las acusaciones que los promotores lanzaron ya antes incluso de que la ley para diseñar el futuro de la energía eólica en Galicia empezara a funcionar, quejas muy duras sobre el supuesto afán recaudatorio que perseguía el canon previsto para los parques instalados en la comunidad en función del número de molinos, la Xunta siempre defendió que la única finalidad de la tasa era "medioambiental" para compensar a los concellos que tienen aerogeneradores o líneas eléctricas para evacuar la energía que producen. A diferencia del agua, sobre la que pesa también un gravamen autonómico desde la legislatura del bipartito, el viento no es un dominio público al que se le pueda imponer un impuesto por su uso. Y la norma así lo preveía, que a esos ayuntamientos "se destinara preferentemente" la recaudación, a través de proyectos tutelados por ellos y el 50% de los ingresos que el Ejecutivo se reservaba para gestionar directamente. Aún así, el presidente del Gobierno gallego se comprometió públicamente a que "la inmensa mayoría" de los fondos con los que se quedaba la administración fueran también para las zonas con parques. Una prioridad que cambiará con la reforma de la ley eólica que va incluida en los presupuestos de 2011 y que permite a la Xunta que su mitad se invierta en cualquier municipio, independientemente de si cuenta o no con este tipo de instalaciones.

La modificación prevista en el artículo que recoge el destino de los ingresos por el canon le da la vuelta a su ejecución. El primer paso será que la Xunta ejecute la opción de quedarse con un máximo del 50% de la recaudación –unos 22 millones en su estreno– para "gastos en entidades locales que supongan naturaleza productiva y generadora de empleo". Los criterios vendrán marcados por la propia ley de presupuestos con la finalidad de protección del entorno, restauraciones medioambientales y el fomento de la investigación en energías renovables. La "mayor parte de la cuantía disponible" tras la reserva del Ejecutivo sí se destinará a los concellos con parques o líneas.

La Consellería de Facenda mantiene que el cambio "clarifica la norma". "La intención es garantizar inversiones medioambientales en los lugares que sean más necesarias y donde se le pueda sacar una mayor rentabilidad, a la vez que se mantiene la prioridad de destinar la mayor cuantía del fondo a los ayuntamientos que dispongan esas instalaciones", explican fuentes del departamento. Esa prioridad, ahora, se ceñirá a la mitad de los 22 millones que se embolsó la Xunta y que gestiona la Consellería de Presidencia.

El primer reparto de los fondos con cargo a este 2010 se realizó el pasado mes de julio. Los 19 municipios de Pontevedra recibieron casi 800.000 euros por la ubicación de aerogeneradores en su territorio y otros 215.800 por líneas eléctricas. En ese momento también se conocieron los criterios que deberían seguir los proyectos a elaborar en los concellos para acceder finalmente a las cantidades asignadas y a otros dos tipos de ayudas que se alimentan también del canon y que permiten, entre otras actuaciones, la recuperación de entornos degradados para recintos recreativos, proyectos vinculados al uso sostenible de energías renovables o el traspaso por parte de Presidencia de vehículos para policías locales o Protección Civil que, eso sí, cuenten con dispositivos para la medición de ruidos o toma de muestras de residuos y líquidos.