El director general de la Función Pública, José María Barreiro, acordó hoy con los sindicatos UGT y CSIF -CCOO y CIG votaron en contra- una reforma parcial de la Ley de Función Pública, que se tramitará con el anteproyecto de Ley de presupuestos que mañana aprobará el Consello de la Xunta.
El departamento autonómico aceptó las demandas de los empleados públicos y contó con el voto favorable de UGT y CSIF en la Comisión de Personal que avaló estas modificaciones, que tienen por objeto "alcanzar una administración más ágil y eficiente", destaca una nota de la Xunta.
Las partes acordaron que la movilidad de los funcionarios será siempre de carácter voluntario, que los planes de ordenación de los recursos humanos se negociarán con los sindicatos y que se exigirá la plena disponibilidad horaria a los puestos clasificados como libre designación.
Además, el cambio previsto en la Ley de incompatibilidades de altos cargos se sustituye por una modificación en la Ley de función pública que excluye al personal eventual, excepto a los jefes de gabinete, de la posibilidad de percibir el plus de altos cargos, por lo que los asesores no se podrán beneficiar del mismo.
La Xunta y los sindicatos firmantes también llegaron a un acuerdo sobre la regulación de la excedencia por prestación de servicio en el sector público, al cambiarse la adscripción de los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo para garantizar la ocupación de todas las vacantes.
En virtud del acuerdo alcanzado hoy, se integrará al personal que en la entrada en vigor de la ley ocupe un puesto con carácter definitivo en la administración gallega.
