La reforma para agilizar el traslado de funcionarios de departamentos "sobredimensionados" a departamentos "donde falta personal" anunciada la semana pasada por la Xunta será ya una realidad en 2011 y esta reordenación de recursos humanos se llevará a cabo "mediante una comisión de servicios forzosa por un periodo de tiempo no superior a los nueve meses, o excepcionalmente de ser el caso modificando la adscripción de los puestos de trabajo correspondientes". Así consta en el anteproyecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2011 que ayer presentó a los sindicatos el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, que pretende cerrar un pacto con los representantes de los trabajadores esta semana. Los sindicatos advierten de que el acuerdo será muy difícil y ya estudian llevar a los juzgados la reforma de la Lei de Función Pública a través de una disposición de la norma presupuestaria.
El borrador sostiene que el traslado será a través de una comisión de servicios "forzosa", pero desde la Consellería de Facenda se subrayaba ayer que el plan de reordenación de recursos humanos "se pretende que sea con carácter general voluntaria y cada caso será negociado".
El anteproyecto entregado a los sindicatos establece que solo si el traslado supone trabajar en otra localidad, "se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados" y el funcionario tendrá derecho a "las indemnizaciones establecidas" para los traslados forzosos. En ningún caso, el empleado público podrá desempeñar un puesto de nivel superior o inferior al suyo y además se respetará su retribución.
La Xunta, se razona en el borrador de la futura ley, "podrá trasladar motivadamente por necesidades de servicios o funcionales a consellerías, unidades, organismos, agencias o entidades distintos a los de su destino a personal funcionario de carrera cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos".
Más de 91.100 empleados públicos trabajan para la administración autonómica y los primeros afectados por el movimiento de trabajadores serán los funcionarios de los entes de la administración paralela que se disuelvan, por ejemplo las fundaciones comarcales.
El director xeral de Función Pública, José María Barreiro, abrió ayer de forma informal las negociaciones con los sindicatos y les avanzó que la reforma legislativa se aprovechará para regular también que "los funcionarios de mayor rango, a partir de jefe de servicio, nivel 28 y 30, tengan disponibilidad horaria, para adaptar su jornada de trabajo a las necesidades de la administración", tal como avanzó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista publicada en agosto por este diario. Entonces, Feijóo avanzó que había que "abrir un debate con los funcionarios de mayor nivel y de mayor responsabilidad y que se comprometan a trabajar por la tarde". "Si quieren ocupar un puesto de libre designación y por tanto tener una mayor retribución deben estar dispuestos a trabajar por la tarde varias días a la semana", agregó.
Barreiro emplazó a los sindicatos a dos nuevas reuniones esta semana, el miércoles y el viernes, para cerrar un acuerdo, pues su objetivo es alcanzar "el máximo consenso" para "racionalizar los efectivos de la administración y así aumentar la productividad y eficacia, así como ahorrar costes" en un momento en que "los recursos económicos limitan el incremento de más personal".
El pacto se presenta difícil. Los sindicatos ya barajan acudir a los juzgados y les disgusta el poco tiempo que la Xunta ofrece para buscar el acuerdo y entienden que en realidad no busca el pacto. También cuestionan que la reforma se haga a través de la ley de Presupuestos. Además, del primer contacto salen con tan poca información que temen que este trasvase de funcionarios "abra la puerta a la discrecionalidad" y se convierta "en una caza de brujas para quitarse de encima a quien quieran".
"Intentan facilitar la movilidad exprés sin criterio"denunciaba ayer Fernando García, de la CIG. Por su parte, Francisco Núñez, de Comisiones Obreras, alertaba que el traslado de funcionarios puede ser también de "localidad" y que Facenda no informó de los baremos o criterios a seguir para decidir quién o cómo. "El tiempo máximo de traslado sería de nueve meses", aseveró el portavoz de UGT, en base a las explicaciones ofrecidas por el director xeral de Función Pública.
La CIG sostiene que hasta ahora el traslado de funcionarios se hacía a través de un concurso y las bajas se cubrían con interinos o nuevas contrataciones, y así debe seguir siendo, remarca. "Sobre imposiciones, no negociamos", advierte Comisiones.
