"No hay nada que investigar". Con esta frase, el diputado popular Alejandro Gómez Alonso despejó cualquier duda sobre la decisión de su partido acerca de la petición de comisión de investigación que el PSdeG registró ayer en la Cámara para analizar la licitación de la autovía de la Costa da Morte.
El PP adelantó su postura pocas horas después de que los socialistas Xaquín Fernández Leiceaga y Pablo López Vidal exigiesen formalmente en el Parlamento la creación de un órgano que analizase por qué la Consellería de Medio Ambiente anunció en junio que licitaría la obra, entre Carballo y Berdoias, por 979 millones de euros, 395 más del proyecto que había aprobado el Bipartito, una decisión detrás de que el PSdeG veía otras intenciones. "Se puede hablar de malversación o tráfico de influencias", declaró ayer en rueda de prensa el diputado socialista Pablo López Vidal.
La semana pasada, Medio Ambiente anunció que rebajaría el coste de la infraestructura en 200 millones abriendo un nuevo proceso de licitación. Gómez Alonso justificó esta decisión porque se adapta "al nuevo escenario financiero y busca un notable ahorro de costes a través de la modificación del régimen de concesión", que se reducirá cinco años.
La mayoría absoluta del PP en la Cámara les permitirá vetar la creación de la comisión, como hizo el acuerdo entre PSdeG y BNG la pasada legislatura para evitar otra sobre la vía de O Barbanza. Ambos sí pactaron entonces analizar la de O Salnés.
La decisión de los socialistas de llevar el tema al Parlamento fue criticada por Alonso, que sostuvo que el hecho de que la Xunta vuelva a licitar la obra solo pretende evitar "caer en fraude de ley".
Medio Ambiente tuvo que sacar de nuevo a concurso esta obra después de que la concesionaria inicial renunciase al proyecto por falta de liquidez sin empezar todavía las obras. Entonces, la Xunta inició un nuevo proceso.
Los socialistas cargaron duramente contra el departamento de Agustín Hernández por anunciar que licitaría el proyecto a la propuesta más cara, generando un sobrecoste de 395 millones respecto al proyecto inicial.
Leiceaga, portavoz parlamentario del PSdeG, vinculó el cese de la directora xeral de Infraestructuras, responsable de la mesa de contratación del proyecto con las presuntas anomalías en el proceso, y señaló como máximo responsable al presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo.
Al mismo tiempo, los socialistas adelantaron que la obra sufrirá un retraso de dos años, a pesar de que la Xunta asegura que licitará en diciembre un vial que entrará en funcionamiento en 2013.
Por su parte, Hernández podría cumplir su promesa de comparecer en el Parlamento para explicar el caso en el próximo pleno, previsto para la semana próxima.
