Multa de 742.000 euros para los dos ex ediles de Gondomar y el arquitecto condenados por cohecho

U. FOCES - VIGO La Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo ha cerrado el escándalo urbanístico de Gondomar, destapado hace tres años con la detención de dos concejales del gobierno local y un arquitecto, con multas que suman 742.000 euros por tres delitos de cohecho para cada uno de los ex ediles y otros tantos de colaboración necesaria para el técnico.
La sentencia, notificada ayer, reduce las penas solicitadas por la Fiscalía tras el veredicto del jurado popular que el pasado 4 de junio consideró probado que los tres pidieron dinero a promotores inmobiliarios a cambio de facilitar desarrollos urbanísticos en el Plan General de Ordenación Municipal.
La Sección Quinta de Vigo impone la pena más alta al ex concejal de Urbanismo del PP, Alejandro Garrido, considerado organizador de la trama y el único cuya defensa no llegó a acuerdo con la Fiscalía ya que se declaró inocente. En concreto se le impone una multa de 540.000 euros (180.000 euros por cada uno de los tres delitos de cohecho) y 3 años de suspensión de cargo público municipal.
José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura independiente elegido en las listas del PP, y ex portavoz del gobierno local, es condenado a 135.000 euros (45.000 euros por cada uno de los tres delitos de cohecho) y 15 meses de suspensión de cargo público municipal –cinco meses por delito–.
El tercer condenado, como colaborador necesario, es el arquitecto Francisco Borja Ramilo, a quien se fija una multa de 67.500 euros (22.5000 euros por cada delito) a quien se suspende durante 15 meses para ejercer su profesión en el ámbito de la Administración Pública, "en cualquier calidad, ya sea en forma de contratación de obra pública o de asesoramiento a Ayuntamiento o entidad o como perito".
La sentencia se basa en el veredicto de culpabilidad dictado por el tribunal popular que consideró, por unanimidad, culpables de cohecho a estos tres acusados. Los miembros del jurado consideraron probado que Mosquera, Garrido y Ramilo participaron en estos hechos delictivos, que fueron denunciados por un empresario, víctima de la extorsión. La pareja de Mosquera, que le acompañaba cuando fueron detenidos tras recoger el primer sobre con dinero, ya fue absuelta a petición del fiscal durante la vista oral.
La pena impuesta por la Sección Quinta es notablemente inferior a la que inicialmente pedía la Fiscalía, e incluso a la solicitud final del Ministerio Público tras el acuerdo alcanzado con las defensas de José Luis Mosquera y Borja Ramilo, que se declararon culpables en la sala. Así, el fiscal, solicitaba al inicio de la vista oral una multa de 1,92 millones de euros para cada uno de los ex concejales y 6 años de inhabilitación, mientras que para el arquitecto pedía 720.000 euros y 15 meses de inhabilitación.
Al final del juicio, la Fiscalía rebajó la petición para ellos a 135.000 euros de multa, mientras que para Gómez Garrido pedía algo más de un millón de euros. Precisamente, en la sentencia notificada ayer, el magistrado ha tenido en cuenta, en el caso de los dos primeros, la circunstancia atenuante de colaboración con la Justicia y aplicó a Garrido los máximos especificados por las otras defensas en las conclusiones finales: 180.000 euros por cada una de las tres operaciones urbanísticas que les sentaron en el banquillo.
El abogado defensor de Gómez Garrido, Jesús Lorenzo Cuervo, anunció ayer que recurrirá la sentencia ante el TSXG, al considerar que "sorprende" que la mayor pena se haya impuesto "al único acusado que se defendió hasta el final, porque los otros admitieron su culpa al ser capturados "in fraganti´".
El letrado, que seguirá pidiendo la absolución del ex edil de Urbanismo, mantiene que hubo irregularidades judiciales y que las escuchas telefónicas empleadas como pruebas de cargo son nulas (pese a que todos los recursos en tal sentido fueron desestimados en distintas instancias durante el proceso) y que no hay indicios de culpabilidad contra su cliente. Asimismo, advirtió de la cooperación "parcial e interesada" de los otros dos condenados, que ha terminado, en su opinión, con la incriminación de su patrocinado.