U.F. - VIGO
Cuando Mosquera y su novia se encontraron con el empresario Manuel Rodríguez en la cafetería del Hotel Galicia de Vigo, no sospechaban que pasarían la noche de los enamorados en los calabozos ni que aquel encuentro estaba siendo grabado, y mucho menos que algunos de los clientes del local eran agentes de la Guardia Civil que iban a detenerles en cuanto el "cebo" pasara el sobre con el primer pago del soborno: 60.000 euros intervenidos en el bolso de la novia del por entonces portavoz del gobierno municipal gondomareño. Los acontecimientos se precipitaron tras su arresto. Su compañero en el gobierno municipal y concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido era detenido en su domicilio, y el arquitecto Borja Ramilo en su casa.
"Ni siquiera pedí la consumición. Llegué y Mosquera estaba en la barra. Dijo que Borja nos había dejado colgados porque el encuentro iba a ser en su despacho. Entonces se le ocurrió que yo me fuese al servicio, y él aparecería por allí segundos después", relataba el empresario que denunció la trama urbanística. "Una vez en el servicio le dije: Ahí te va el dinero, contado en el banco. Te faltan 101 euros (por el cambio de pesetas a euros), no creo que te importe. Cogió el sobre y no miró nada. Se fió de mi", manifestó tras el juicio el promotor.
Esta reunión culminaba meses de investigación, pero no fue la más tensa. Siete días antes el "cebo" acudió a la oficina del arquitecto con una cámara de vídeo camuflada en un botón de su camisa y una grabadora en el bolsillo para captar los detalles del acuerdo.
Tras el veredicto de culpabilidad del jurado contra los tres acusados, el empresario que denunció el caso explicaba que tuvo sentimientos contradictorios: "Un asco profundo que me incitaba casi a vomitar y una alegría enorme por no haberle fallado a la gente que confió en mí".
El empresario no lo dudaba: "lo volvería a hacer, seguro", pese a que la sociedad A Pousa perdió 90.000 euros entregados al propietario del terreno y su administrador arriesgó otros 60.000 de un préstamo en la entrega del sobre con soborno por unas obras que eran completamente legales. "No podemos recuperar el dinero pero hemos tenido suerte porque seguramente no habríamos vendido las viviendas por la crisis", concluía el empresario.