El Congreso bloquea el traspaso de Tráfico con los votos del PSOE y la abstención del PP

X. A. TABOADA - SANTIAGO Ni resulta necesario ni oportuno ni conveniente. Casi con el mismo guión, PSOE y PP impidieron ayer en el Congreso de los Diputados, el primero votando en contra y el segundo absteniéndose, el traspaso a Galicia de las competencias de Tráfico y seguridad vial, una demanda que fue aprobada hace ya dos años, época del bipartito, por unanimidad por el Parlamento gallego, pero que hasta ayer no se debatió en la Cámara Baja en un trámite obligado por la naturaleza de las competencias demandadas, puesto que son exclusivas del Estado. El debate evidenció el choque de criterios entre las direcciones nacionales de los partidos estatales y sus organizaciones territoriales en Galicia, porque tanto el PSOE como el PP nacional se pronunciaron en contra, sin ambigüedades, de una reivindicación que defendieron en persona sus parlamentarios autonómicos en el mismo Congreso. Solo el BNG mantuvo la misma postura en Madrid que en Santiago.
Los diputados Juan Carlos Corcuera (PSC) y Arturo García-Tizón (PP), aunque con buen tono, no se anduvieron por las ramas para desbaratar la propuesta del Parlamento gallego firmada por el PSdeG y el PPdeG, además de por el BNG. El principal argumento esgrimido para oponerse al traspaso de Tráfico es que Galicia no dispone de una policía autonómica propia para ponerse a controlar la seguridad vial. Pero también apelaron al coste económico de la transferencia en un momento de crisis y al riesgo de "perder eficacia" en los planes para reducir la siniestralidad.
En contra de la iniciativa votaron PSOE y UPyD (165 votos), mientras que a favor lo hicieron los partidos nacionalistas y el grupo mixto (25). El PP, que podía darle la vuelta al resultado con sus 146 votos, se abstuvo, por lo que se bloqueó la transferencia de Tráfico a Galicia. Los precedentes también iban en esa dirección, porque el Gobierno central ya había expresado su rechazo a la propuesta.
La naturaleza de la competencia y la vía usada para reclamarla, por el artículo 150.2 de la Constitución, obligó a que el acuerdo del Parlamento tuviera que pasar por el Congreso. De su defensa se encargaron los parlamentarios autonómicos Pedro Puy (PP), Xaquín Fernández Leiceaga (PSOE) y Anxo Quintana (BNG). Los tres emplearon argumentos muy similares, como que las mismas competencias ya fueron transferidas al País Vasco y a Cataluña o que el "hecho diferencial" de Galicia, con sus 18.000 kilómetros de carreteras, la dispersión poblacional (con la mitad núcleos de toda España), la orografía o la climatología recomiendan articular medidas de tráfico específicas, y que para ello, lo mejor es que la diseñen los propios órganos de gobierno de la comunidad autónoma.
"Esto no va contra nadie, sino en beneficio de todos", destacó Quintana. "Les pido que no desoigan la voz unánime de Galicia", terció Leiceaga. "No estamos ante un debate identitario, sino ante un debate racional de la distribución de poderes", comentó Puy.
Juan Carlos Corcuera ya advirtió de entrada, en su intervención, que la transferencia de las competencias de Tráfico a Galicia "podía incidir negativamente" en la seguridad vial. "Estamos hablando de la muerte de personas y de tragedias que pueden evitarse", dijo.
Tras esto, el socialista explicó que la seguridad vial sólo puede traspasarse en casos "excepcionales", como en el País Vasco y Cataluña, pero que en Galicia no resulta "oportuno" porque no cuenta con un cuerpo propio de Policía. También consideró "inconveniente" la transferencia porque Galicia no tiene agentes colaborando con la Guardia Civil para ir cogiendo experiencia y que en todo caso resultaba "innecesaria" porque las medidas de seguridad vial del Gobierno estaban funcionando bien en Galicia.
Aunque el diputado del PP Arturo García-Tizón expresó su simpatía por la propuesta gallega, vio como un problema también la falta de una Policía propia. "No tiene ni siquiera un desarrollo mínimo para hacerse con las competencias de Tráfico", reprochó. A lo que sumó el alto de coste de la transferencia, entre 70 y 100 millones de euros anuales, por lo que no veía la "oportunidad" del traspaso cuando "hay otras prioridades en estos momentos". "Tendrá que esperar a otro momento posterior", concluyó.
Ante estos pronunciamientos, los tres parlamentarios gallegos advirtieron que seguirán reclamando el traspaso de Tráfico pese al pronunciamiento del Congreso. En todo caso, Pedro Puy censuró que el Gobierno impida el desarrollo de la Policía de Galicia y al mismo tiempo use esa circunstancia para bloquear la transferencia, mientras que Leiceaga alertó de que los agravios comparativos con Euskadi y Cataluña generan "efectos corrosivos" y Quintana reprochó las contradicciones del PSOE y del PP en Madrid y en Santiago.