España recurrirá el fallo del "Prestige" en EE UU y se plantea rebajar su reclamación

MÓNICA VÁZQUEZ - SANTIAGO
España no tira la toalla en el proceso judicial abierto en Estados Unidos por el caso Prestige. Los abogados del Estado recurrirán el fallo de la jueza de Nueva York Laura Taylor Swain, que considera que, según las leyes federales norteamericanas, España no puede exigir responsabilidades por los daños sufridos a la clasificadora ABS, la empresa que certificó meses antes del accidente que el Prestige era apto para la navegación y el transporte de petróleo.
Si no prospera el recurso, esta decisión pondría fin a un proceso en el que el Gobierno ha invertido ya más de siete años y unos 30 millones de euros con la esperanza de lograr una millonaria indemnización por parte de ABS: 1.000 millones de dólares (unos 714 millones de euros). Por ello, España no descarta la posibilidad de rebajar su reclamación económica inicial para lograr que su demanda en Estados Unidos siga adelante. Aunque de momento no hay ninguna decisión tomada, fuentes próximas al caso argumentan que dado que la jueza se basa en que la responsabilidad última sobre vertidos de crudo es del propietario del barco y no de una empresa “que presta servicios en nombre de un armador”, Abogacía del Estado podría basar su apelación en que ABS asuma solo una parte de los mil millones de euros que reclama. La estrategia española, con todo, aún no está definida.

Demanda económica
Los abogados del Estado tendrán hasta el 2 de septiembre para formalizar su recurso ante la Corte de Apelaciones estadounidense, el mismo órgano judicial que a mediados de 2009 le dio la razón a España después de que la jueza Swain se declarara incompetente para procesar a ABS. Fuentes jurídicas cercanas al caso dan por hecho que el Gobierno volverá a dirigirse a este tribunal para que dirima si “un tercero dañado” (en este caso, España) puede plantear una reclamación económica a la empresa que certificó el Prestige.
Tras seis años de reveses judiciales y tretas dilatorias por parte de ABS, lo que parece seguro es que el proceso abierto por España en mayo de 2003 sufrirá otro importante retraso. La Corte de Apelación de EEUU tarda una media de entre ocho meses y un año en resolver cada recurso, aunque su último dictamen sobre el caso Prestige llegó casi año y medio después de que la juez Swain se declarase incompetente para seguir con el caso.
España se juega en Nueva York su mejor baza para obtener una compensación económica por los daños que ocasionó el petrolero, a expensas de lo que ocurra en el juicio que celebrará la Audiencia Provincial de A Coruña. El entramado de empresas fantasma que se esconde tras el Prestige arroja muchas dudas sobre su solvencia y pone en peligro las opciones de recibir una indemnización en caso de que armadora y propietario sean condenados por la Audiencia. Además, el propio Estado español figura como acusado en este proceso y si José Luis López-Sors, ex director general de la Marina Mercante, es declarado culpable, España también tendrá que pagar como responsable subsidiaria de los daños.
Fuentes conocedoras del caso creen que hay opciones de ganar el recurso, y recuerdan que la sentencia del 3 de agosto “favorece en parte” los intereses españoles. De las dos cuestiones que planteó ABS en mayo para tratar de desmontar la demanda del Gobierno, la jueza de Nueva York le da la razón a España en que la legislación que cabe aplicar en este caso es la norteamericana por ser el país en el que tiene sede ABS y en el que se expiden los certificados. La clasificadora, en cambio, pretendía ser juzgada por las leyes de Bahamas, país que abanderaba el Prestige y cuya normativa le da inmunidad soberana a todos sus buques.