EFE
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que el Gobierno quiere obligar a las Comunidades Autónomas a aplicar un "recorte social encubierto" con el pago de la liquidación de los anticipos a cuenta recibidos en 2008 y en 2009.
Según indicó en conferencia de prensa el titular del Ejecutivo gallego, además del recorte por decreto ley de 15.000 millones de euros, el Gobierno pretende recortar a las Comunidades Autónomas otros 20.000 millones por su negativa a aumentar el plazo para devolver los anticipos recibidos.
Para Núñez Feijóo, el Gobierno pretende "financiar su déficit público" a costa de las Comunidades Autónomas, y señaló que Galicia pagará lo que debe, 2.584 millones de euros, aunque insistió en que no puede hacerlo en los plazos fijados por el Ejecutivo y que vienen determinados por la nueva ley de financiación autonómica.
Galicia y otras comunidades pretenden que haya una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para negociar el aumento del plazo de devolución, fijado inicialmente en cinco años.
Según el presidente de la Xunta, el Gobierno fija quince años para pagar su deuda y, sin embargo, pide a las Comunidades que devuelvan la suya en cinco años.
En su empeño de negociar con el Gobierno un aplazamiento del pago, Núñez Feijóo aseguró que no conoce a ningún presidente autonómico que no esté de acuerdo en retrasarlo y explicó que en la pasada reunión del CPFF el tema no estaba planteado formalmente en el orden del día, por lo que no se podían adoptar acuerdos al respecto.
Además, según indicó, ningún presidente autonómico está dispuesto a rebajar la calidad de los servicios públicos, "por disciplina de partido", que es lo que en su opinión pasará si no se puede ampliar el plazo de devolución.
Núñez Feijóo afirmó que a la Xunta "se le hurtará" el 5 por ciento de su presupuesto hasta 2016 si tiene que devolver en cinco años la deuda acumulada.
En cuanto a la convocatoria de una comisión en el Parlamento gallego, a petición del PSdeG, el titular de la Xunta se mostró dispuesto a "hablar, dialogar y razonar" y pidió a los socialistas gallegos que le comuniquen al PSOE que con el plazo de devolución de cinco años no es posible el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la inversión.