La fusión se estrena el 15 de noviembre

J. PÉREZ / X.A.TABOADA VIGO / SANTIAGO Los futuros directores de la caja única gallega viajaron ayer en el mismo coche hasta San Caetano para analizar con la conselleira de Facenda los avances del proceso. Una prueba más, y otro gesto público, de que pese a que todavía quedan muchos flecos que atar en la fusión, Caixanova y Caixa Galicia están ya mucho más cerca de ser una sola entidad. Porque las tareas pendientes son muchas. ¿Cuándo se hará efectiva la unión? Si todo va como está previsto, el 15 de noviembre. La nueva caja estará inscrita en el Registro Mercantil y operará con un número de identificación fiscal, con lo que ya en las siguientes semanas, como apuntan fuentes cercanas a las negociaciones, a principios de diciembre se podrían emitir ya las emisiones preferentes que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suscribirá para traspasar los 1.162 millones de euros que la fusión necesita para garantizar su solvencia.
La fecha prevista para estrenar la caja única la dio ayer Marta Fernández Currás tras el encuentro con José Luis Pego, director general de Caixanova y con el mismo cargo en la nueva entidad, y Javier García de Paredes, director adjunto de Caixa Galicia, que también se mantendrá en su puesto. Tanto en la Xunta como en las cajas hablan de un encuentro "rutinario" de "seguimiento". "La hoja de ruta marcada", concreta la conselleira de Facenda. Los asesores de Deloitte y PricewaterhouseCoopers trabajan actualmente en la auditoría que exige el Banco de España para oficializar la operación y la actualización del protocolo económico con los datos de los balances de ambas cajas al cierre del primer semestre, un requisito también obligatorio por parte del supervisor financiero.
La formalización de la fusión no implicará que las dos cajas desaparezcan del mapa. A efectos fiscales y legales, según fuentes conocedoras del proceso, seguirán alrededor de un año más con sus actuales identificaciones por la vinculación de activos y cartera industrial.
En la mesa de la Consellería de Facenda está ya un borrador preeliminar con estatutos que marcarán el funcionamiento interno de la entidad, aunque, como reconoce Fernández Currás, durante el próximo mes se irán "modificando". La intención de los comités internos de ambas entidades encargados de la integración es seguir trabajando en agosto. "Lógicamente", apunta la titular de Facenda, aunque parte de ellos estén de vacaciones, "para seguir con el ritmo adecuado porque el calendario es justo si queremos llegar a las fechas como tenemos previsto". Así, a principios de septiembre estará cerrado el organigrama de los directivos de segundo nivel.
Ante la incomodidad manifiesta de los sindicatos en la mesa laboral, que hoy tiene una nueva cita, la conselleira manda un mensaje de tranquilidad. "Todo discurre con total normalidad", señala. Con la esperanza de que se llegue pronto a acuerdos, Fernández Currás recuerda que las "previsiones" que se manejan con los representantes de los trabajadores son las mismas que "los acuerdos pactados en otros procesos de integración".
En la primera quincena de noviembre se acumularán las celebraciones de los consejos que aprueben el plan definitivo de la fusión, la asamblea constituyente de la nueva caja y el permiso de la Xunta a la operación. Para entonces, el proceso estará "blindado" con la modificación de la ley autonómica de cajas en la que trabaja Facenda y que espera presentar "a la vuelta del verano". Xunta y cajas coinciden en la "voluntad" de seguir adelante con el protocolo firmado para encauzar en su momento la operación y el periodo de transición que contempla, de tres años, con todos los actuales miembros de los órganos de decisión.
La conselleira de Facenda recordaba ayer que su departamento ya se puso en contacto con los responsables de Caixanova y Caixa Galicia para paralizar los procesos de renovación que se reabrieron tras el levantamiento de la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional sobre parte de la normativa gallega para el sector. La ley tendrá que dar ahora otra vuelta de tuerca para adaptarse a la nueva norma estatal, la Lorca, que establece un nuevo reparto interno del poder, con la posibilidad de la emisión de cuotas participativas con derechos políticos y con requisitos mucho más exigentes para vetar la puerta de entrada a cargos públicos electos en consejos y asambleas.