El gobierno rechaza el frente de Galicia para aplazar la deuda

X. A. TABOADA - SANTIAGO La Xunta chocó ayer con la negativa oficial del Gobierno central a aplazar el pago de la deuda de 2.600 millones de euros. Fue en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la conselleira de Facenda, Marta Currás, planteó formalmente una moratoria en la devolución a la espera de que mejorase la situación económica. La propuesta contó con el apoyo explícito de otras comunidades, como Valencia, La Rioja y Castilla y León, pero fue insuficiente. Porque el Gobierno no está dispuesto de conceder un aplazamiento. La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, argumentó que los plazos y las anualidades para la devolución de la deuda están establecidos en la ley de financiación autonómica aprobada a finales del pasado año y que no ve razones para cambiarla ahora cuando en el momento de su promulgación todos eran conscientes de la situación económica y de las dificultades económicas. No obstante, la Xunta no renuncia todavía a su demanda y seguirá insistiendo.
La petición gallega se formuló en el turno de ruegos y preguntas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que no fue sometida a votación, pero en el caso de encontrar una respuesta positiva del Gobierno aunque sólo fuera verbal, constituiría una puerta abierta a un posible aplazamiento del pago de la deuda, consecuencia de los anticipos mal calculados, por excesivos, que el Estado transfirió a las autonomías en los años 2008 y 2009.
Se calcula que las autonomías tienen que devolver unos 25.000 millones. Galicia debe reponer en las arcas del Estado 2.600 millones de euros, 119 en 2011, 517 millones cada año entre 2112 y 2115 y resto, otros 400 millones, en 2016. Lo que pide la Xunta es que se pueda comenzar a pagar cuando la economía gallega crezca por encima del 2% y que además pueda distribuir la deuda en diez anualidades.
Con este planteamiento estaban de acuerdo algunas comunidades del PSOE, como Andalucía, Aragón y, especialmente, Extremadura. De hecho, ayer por la mañana su presidente, Guillermo Fernández Vara, expresó su apoyo explícitamente a Galicia porque su propuesta partía de la "racionalidad" y Extremadura tampoco estaba en condiciones de afrontar la deuda. "Fue el Estado el que nos dio esta cantidad que la comunidad no había pedido", dijo en Santander, donde participó con Núñez Feijóo en un curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo. De hecho, el presidente extremeño se mostró dispuesto a poner "las cuentas en canal" para que le digan "de dónde" puede "quitar", porque, enfatizó, él ya les "ha quitado la grasa" de forma que "sólo le queda tocar las vísceras". Y el Gobierno aragonés veía "difícil" que alguna comunidad se opusiera a la moratoria.
Pero por la tarde, las comunidades del PSOE cerraron filas con el Gobierno y sólo cuatro del PP expresaron un apoyo explícito al aplazamiento de las devoluciones, aunque el consejero asturiano reconoció al concluir la reunión que "todos" estarían "encantados" con una moratoria.
"No hay razones para cambiar la ley vigente", argumentó Elena Salgado, quien recordó que la propuesta del año pasado, que ampliaba de cuatro a cinco años el periodo para hacer frente a los pagos, fue firmada y aprobada por todas las comunidades, que ya eran "perfectamente conscientes" de las dificultades presupuestarias.

Sin razones
Además, insistió en que el periodo de cinco años ya está contemplado en el objetivo de estabilidad presupuestaria que ha planteado el Gobierno, por lo que no hay razones para cambiar la ley por una petición "que no ha sido general, sino que ha sido planteada por tres o cuatro comunidades".
Pero la Xunta no se da por vencida. La conselleira de Facenda aseguró que pese a la negativa Galicia no renuncia a reclamar una moratoria por considerar que se trata de una petición "justa y razonable" que no tiene ninguna consecuencia financiera para España como Estado miembro de la Unión Europea.
En todo caso, Fernández Currás expresó su preocupación porque el escenario macroeconómico que el Estado está manejando hace pensar que esto es "una especie de círculo vicioso", porque se prevén unos ingresos superiores a los que corresponden a la estimación de crecimiento del conjunto de España. "Esto es un bomba financiera para las comunidades", censuró la conselleira.
En lo que hubo acuerdo fue en hacer extensible a todas las autonomías el fijar en el 1,3% el déficit correspondiente al año 2011, que hasta ahora era un objetivo general. Sin embargo, los consejeros de las comunidades populares, aunque han apoyado la medida, criticaron la falta de concreción y de medidas del Gobierno para cumplir el objetivo.