Hasta la propia Consellería de Economía e Industria, encargada del macroconcurso eólico, admite las "dificultades" que rodean el reparto de los 2.325 megavatios (MW) pendientes tras la paralización de la también controvertida subasta del bipartito. La Xunta exhibe las candidaturas de las 90 empresas que participan y una demanda que multiplica por siete la oferta como un motivo de éxito ante las limitaciones en la financiación de los parques y "la inseguridad tarifaria". Con el plazo para la revisión de las solicitudes ya en marcha, grandes promotores avisan de que a todos esos problemas, ajenos al propio proceso, se añade la falta de concreción en varios de los criterios que se tendrán en cuenta para valorar sus propuestas e, incluso, de la "picaresca" en muchos de los planes industriales, la parte de los proyectos que más peso tendrá en las puntuaciones.
Poco tienen que ver las cantidades que cada participante solicita en comparación con los miles de megavatios que algunas de las compañías líderes en energía intentaron arañar en la admisión a trámite impulsada en la legislatura pasada. Esta vez, según confirman fuentes cercanas al concurso y en el sector, la media ronda los 300-400. Una de las claves está en la exigencia de acompañar la petición con un aval de 20.000 euros por cada megavatio, hasta un máximo de siete millones de euros, para garantizar la solvencia de las ofertas. De hecho, la orden que regula el concurso incluye también un refuerzo de los requisitos para que las empresas justifiquen que tienen suficientes recursos propios y que su contabilidad interna no supondrá ningún obstáculo en el futuro.
Aún así, es prácticamente imposible que un candidato logre hacerse con toda la potencia que pide. Ni siquiera si su petición se queda por debajo de los 350 MW de máximo que la mesa de valoración puede conceder a una misma compañía.
Ahí comienzan las incógnitas que estos días merodean en el sector. Porque muchas de las solicitudes vinculan su plan industrial a la obtención de un determinado número de megavatios. ¿Y si no es así? ¿Si la concesión de potencia es menor, o mucho menor? Algo que ya ocurría en el otro concurso. Por eso, los populares apostaron por incluir la "monetarización" de las inversiones, para que en casos así el ganador pueda entregar la parte proporcional que corresponda del presupuesto del plan industrial, en función del propio baremo con el que se resolvió la solicitud, al fondo público de capital riesgo Sodiga y que sea directamente la Xunta la que se encargue de buscarle un aplicación en proyectos "iguales o de análoga naturaleza".
"Por lo que sabemos, hay candidatos que están presentando ideas que saben de antemano que no se van a poder realizar y que condicionan a prácticamente toda la cantidad de potencia que piden", alerta el máximo responsable en la comunidad de una de las firmas de referencia en el negocio del viento. "Al final todos nos conocemos, sabemos lo que hay y, efectivamente, hay planes industriales surrealistas, pero que a efectos objetivos, aplicando directamente la orden del concurso, pueden quedar entre los beneficiarios", añade otro. La misma queja se repite entre otros promotores. "La monetarización es muy peligrosa", insiste el jefe técnico de otra de las grandes firmas que se presenta.
Con una oferta impactante en el papel, que lleve una partida millonaria y una previsión elevada también de empleos a crear, la nota del proyecto se dispara. La orden que fija las condiciones del reparto eólico prima además el calendario del plan industrial, con una mejor valoración a las propuestas que lo pongan en marcha antes de la construcción de los parques de aerogeneradores que les toquen. "Con eso está jugando mucha gente", apuntan en el sector. "Es como el mus, un órdago a la grande sabiendo que vas de farol", compara un experimentado promotor.
La "picaresca" de la que hablan está en que una vez que el proyecto pase la criba y resulte adjudicado con, seguramente menos megavatios de los que quería, la compañía puede optar a la monetarización para evitar el desembolso de todo la inversión industrial, con el importante matiz de que en ese caso no tendrá que entregar el dinero en función de los plazos que había marcado en el plan. La orden establece que el ingreso en Sodiga se realizará un mes después desde que entre en funcionamiento el parque. "Y todos sabemos –resumen uno de los candidatos– que las instalaciones tardarán años en estar operativas".
"El margen que habrá para reclamar es 0", avanzan en el sector. Aunque con la polémica del primer concurso todavía reciente y, aunque menos, la elevada concurrencia del segundo asalto, nadie descarta otro aluvión de recursos. "Los criterios para la evaluación son complejísimos", señalan varias de las compañías. "Un 45% de la puntuación puede ser más o menos objetiva –concreta uno de los participantes–. Pero el 55% restante es tan abierta que no sabes absolutamente a lo que atenerte".
Algo tan sencillo como lo que la Xunta considera estratégico o no para la economía centró las críticas en el negocio cuando salió la normativa del reparto y todavía hoy se mantiene como la gran interrogante. Particularmente, varios promotores preguntaron en la Xunta, y varias fuentes aseguran que la patronal eólica gallega también lo hizo, sin tener una respuesta concreta. "En función de eso, van a multiplicar tu plan industrial de forma diferente", recuerda un empresario. "Entre esto y el canon, vamos a subvencionar los presupuestos de la Xunta", ironiza otro.
Y con la incertidumbre de la rentabilidad que tendrán los futuros parques y la fecha de su construcción. El borrador para las nuevas primas a la eólica que corre de mano en mano entre los promotores apunta a unos 77 euros por megavatio hasta las 2.600 horas de producción anual. Los que tengan más, cobrarían unos 50 euros. Un precio que choca de frente con la actividad eólica en Galicia, la zona con mejor calidad de viento y más horas por cada recinto. En todo caso, habrá que esperar a la decisión final del Ministerio de Industria, y a los objetivos que fije también para el desarrollo de nueva potencia. El registro de preasignación, requisitio indispensable para optar a la retribución pública de la energía producida, está agotado hasta 2013 y hay una lista de espera de 4.000 MW. En el sector dan por hecho que los parques del concurso son "inviables" antes de 2015 y que "la mayoría" se dilatarán hasta "2017 y 2018". "Hemos estado trabajando meses a ciegas y aún lo estamos", concluye un empresario.
