El PP mueve ficha para tratar de que el Gobierno aplace el pago de 2.600 millones de euros que la Xunta debe acometer en seis años. Los populares presentaron ayer una proposición no de ley para forzar a PSdeG y BNG a mostrar si apoyan o no su demanda en el primer pleno del Parlamento autonómico en septiembre. Pero no se quedaron ahí y deslizaron el coste que podría suponer para las ya debilitadas arcas gallegas hacer frente a esos pagos: la reducción de los servicios sociales y la inversión.

Un día después de que el presidente de la Xunta dijese que sería "imposible" pagar 500 millones anuales, cantidad que debería asumir a partir del año 2012 –en 2011 la devolución asciende a 119–, el viceportavoz popular en el Parlamento, Pedro Puy, aseguró que el Gobierno gallego "cumplirá ley" y pagará. Ello, sin embargo, tendrá un coste: la posibilidad de "reducir la inversión pública" y hacer "más complicado" prestar los servicios sociales.

"Cuando más estricto sea el Gobierno, mayor tendrá que ser el nivel de ahorro y el recorte de los gastos autonómicos", adelantó Puy.

La crisis ha situado a la Xunta ante la necesidad de recortar casi 1.000 millones de euros en las cuentas para el próximo año. A ello, se une la obligación de devolver al Ministerio de Economía los 2.600 millones que éste adelantó en previsión de unos ingresos fiscales que no se produjeron.

La nueva financiación autonómica, aprobada el año pasado con la abstención del PP, obliga a la Xunta a abonar esa cantidad entre 2011 –cuando abonará la liquidación negativa de 2008– y 2016.

Los problemas de liquidez del Ejecutivo autonómico obligaron a Feijóo a pedir el martes al Gobierno que ampliase el plazo del pago a diez años a partir del momento en que Galicia abandonase la crisis y creciese al 2%.

Tras la negativa de Moncloa, el PP llevará el tema al Parlamento, donde quiere que se debata "antes de que se presenten los presupuestos autonómicos", indicó ayer Puy, que desvinculó la propuesta del contenido partidista. "Es una buena solución no solo para Galicia, sino para todas las comunidades", declaró después de que su grupo registrase en la Cámara la petición de renegociar con Moncloa esos 2.600 millones.

Finalmente, Puy recordó que las dificultades para la Xunta se acentuaron después de que el Gobierno suprimiese la potestad de las comunidades que no hubiesen incurrido en déficit, como Galicia, de aumentar su capacidad de endeudamiento un 0,25% del PIB.