R. PRIETO/ D.DOMINGÚEZ - A CORUÑA
La investigación abierta por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, por falsedad documental sigue su curso. El juez instructor de la querella presentada por los socialistas gallegos ha rechazado el archivo de la causa y además ha decidido ampliar el proceso con dos nuevos imputados, un técnico de contratación de la Diputación de Pontevedra y un representante de la empresa Sercoysa, adjudicataria de la obra en Salvaterra por la que Hernández prestó declaración el pasado día 2 de julio ante el TSXG.
En su comparecencia ante el magistrado, el titular de Medio Ambiente admitió que siendo como director de Infraestrutura de la Diputación de Pontevedra firmó la conclusión de la variante de Lira cuando la obra apenas había comenzado, pero argumentó que no había examinado el documento que rubricaba. Desde la institución provincial siempre se defendió que dar por hechas obras inconclusas es habitual de las administraciones para no perder las subvenciones europeas.
El juez instructor del caso acaba de emitir un auto en el que rechaza la petición hecha por el asesor jurídico de la Diputación de Pontevedra, Baltasar Pujales, también imputado en la causa, para proceder al sobreseimiento del caso.
El magistrado concluye que no cabe dictar el archivo de la causa porque todavía no se han practicado todas las diligencias para el sumario. El juez también admite la petición de la acusación para que se amplíe la denuncia a un representante de la empresa Sercoysa y a un técnico de la contratación de la Diputación de Pontevedra al entender con respecto a ellos dos que pueden existir "indicios de criminalidad" en la certificación de la variante de Lira sin haber estado construida.
Fuentes de la acusación advierten de que ésta es ya la cuarta decisión judicial que demuestra hay "indicios de criminalidad" –la primera, la admisión a trámite por parte del juzgado de Pontevedra; la segunda, el rechazo del archivo de la causa solicitada por la defensa de Hernández y la tercera, la tramitación de la denuncia por parte del TSXG– y además –añaden– la investigación "se refuerza" al ampliar la denuncia a otras dos personas.
"Esto supone estrechar el cerco sobre el propio conselleiro y también sobre [Rafael] Louzán [presidente de la Diputación de Pontevedra], ya que hasta ahora había un técnico de la Diputación imputado y que trabajaba bajo las órdenes de Hernández, sino que ahora está imputado otro técnico que trabaja para Louzán", apuntaron fuentes de la acusación.
Desde la Consellería de Medio Ambiente evitaron hacer declaraciones sobre el rechazo del juez instructor de archivar la causa y ampliar la denuncia a dos personas más y se limitaron a reiterar el "máximo respeto por las decisiones judiciales".
Por otra parte, el propio Hernández sí defendió ayer las adjudicaciones aprobadas por su departamento, en respuesta a las denuncias del PSdeG sobre que se dan a las ofertas más caras. Argumenta que se "ajustan a derecho".