El Gobierno rechaza la propuesta de la Xunta de aplazar el pago de la deuda de 2.600 millones

X. A. TABOADA - SANTIAGO La propuesta de la Xunta de aplazar el pago de los 2.600 millones de euros que adeuda a la Administración del Estado no ha encontrado eco en el Gobierno central. El Ministerio de Economía no está por la labor de realizar concesiones. Sin declaraciones grandilocuentes, pero con rotundidad, el departamento que dirige la gallega Elena Salgado responde que la fórmula de pago y el fraccionamiento anual están establecidos por ley y que no tiene intención de introducir cambios. O lo que es lo mismo, que el Gobierno rechaza que Galicia pueda aplazar el reembolso como planteó el martes en el Parlamento el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y que no le deja otra opción que no sea la de cumplir con las obligaciones legales.
Ante el escenario de fuertes restricciones presupuestarias para los próximos años, el Ejecutivo gallego planteó que Galicia no comenzara a pagar los 2.600 millones de euros que adeuda al Estado hasta que la economía gallega creciera por encima del 2% y que en vez de seis años, se pudiera abonar la cantidad en diez anualidades. Con esta medida, la Xunta intentaba darse un respiro y preparar unos presupuestos menos restrictivos en el futuro, porque el próximo año –en el que las cuentas bajarán en 945 millones de euros–, deberá devolver 119 millones al Estado, cantidad que se elevará a 517 cada año entre 2012 y 1015 y se rebajará a algo menos de 400 en 2016.
Sin embargo, la propuesta ha caído en saco roto. Fuentes del Ministerio de Economía argumentan que la fórmula de devolución se fijó en la ley aprobada el pasado año que regula el modelo de financiación autonómica que y que ya por entonces se conocían las dificultades económicas, dando a entender que ahora no se puede amparar en la crisis para reclamar una moratoria.
"La situación económica que hay ya se conocía cuando se aprobó la ley 22/2009 de financiación autonómica, que establece un periodo de cadencia de un año y cinco de fraccionamiento de los pagos. La norma fue aprobada para todos y no está previsto hacer cambios en ley", aseguraron ayer desde el Ministerio de Economía.
Por tanto, la Xunta tendrá que devolver hasta el año 2016 los 2.600 millones de euros que recibió del Estado en 2008 y 2009 en concepto de unos anticipos mal calculados, porque posteriormente se vio que los ingresos tributarios resultaron muy inferiores a los previstos y que las transferencias de fondos fueron excesivas.
El departamento de Elena Salgado asegura que salvo Galicia, ninguna otra comunidad ha planteado un aplazamiento de la deuda, pero que tal como está el escenario financiero no les extrañaría que otras autonomías sondearan la posibilidad de solicitar una moratoria hasta que mejoren las condiciones.
Sobre las perspectivas que se abren para Galicia con unos presupuestos para 2011 que bajarán un 8,6%, habló ayer el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, quien aseguró que trabajará para conseguir los objetivos marcados para esta legislatura.
Insistió en que la situación económica es de "extrema gravedad", pero dijo que esa circunstancia no impedirá que se trabaje en la reducción de las tasas de abandono, en la mejora de la Formación Profesional para su adaptación a la LOE y Ley de Cualificación de 2002 y en conseguir "una Galicia plurilingüe". "Queremos que nuestros jóvenes, aparte de dominar nuestra lengua gallega y el castellano como lengua del Estado, también logren competencias en lenguas extranjeras, preferentemente inglés", concretó.