Una legislatura prolífica en polémicas de competencias

Esta legislatura autonómica está resultando muy prolífica en conflictos de competencias. En poco más de un año,la Xunta ha planteado ocho de ellos, de los cuales cuatro ya fueron admitidos por el Tribunal Constitucional, todos ellos vinculados con distintas órdenes de subvenciones que el Gobierno gallego considera que debe gestionar aunque los fondos procedan de la Administración del Estado.

El último que presentó, hace dos semanas,también se refería a una convocatoria de ayudas, en este caso destinadas a la formación de trabajadores ocupados. Sin embargo, el de mayor calado político fue el presentado contra el decreto que regula el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Éste se elevó al Tribunal Constitucional tras fracasar las negociaciones con el Gobierno central.

Por su parte, el conflicto de mayor relieve planteado por el Estado fue contra la ley de cajas de ahorro de Galicia,que provocó la suspensión de once preceptos, de los cuales ocho vuelven a estar en vigor.Y ahora la amenaza pesa sobre la Lei do Solo.