La Xunta activará la reforma del Estatuto pero descarta definir Galicia como nación

DANIEL DOMÍNGUEZ - SANTIAGO La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no modificará los tiempos que maneja la Xunta para iniciar el proceso de reforma del texto gallego, bloqueado la legislatura pasada. El presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, reiteró ayer su compromiso de plantear la modificación "constitucional" de esta norma durante esta legislatura, pero no concretó cuándo.
Xunta y PPdeG señalaron las fronteras que no cruzarán: el respeto a la Constitución y la no inclusión del término nación en el nuevo texto, un asunto que enfrentó a populares y PSdeG y BNG la pasada legislatura.
Se esperaba el fallo del Constitucional, que se ha hecho aguardar cuatro años, para comprobar el encaje legal de ese término, que aparece en el preámbulo de la norma catalana. El TC niega su validez jurídica, pero no lo elimina.
El presidente de la Xunta aseguró que la sentencia muestra una "clara conclusión", que es que la única nación que hay en España "es España", y situó a Cataluña, como Galicia, al nivel de "nacionalidad histórica", término empleado en la Constitución.
La lengua también constituye una materia de fricción. Feijóo destacó que tanto gallego como castellano "tienen que ser respetadas", en alusión al hecho de que el TC anule el precepto que establece que el catalán sea la lengua "preferente" en la Administración y los medios públicos. El fallo, sin embargo, deja sujeto a interpretación el mantenimiento del artículo que consagra el "derecho y deber" de conocerlo, siempre dentro de las obligaciones establecidas por la Constitución. Hasta conocer en detalle la sentencia no se sabrán sus argumentos, aunque el propio TC anuló en el año 1986 por inconstitucional el artículo de la Ley de Normalización Lingüística gallega, aprobada en 1983, que también establecía ese deber.
Feijóo señaló que el consenso es el único camino para lograr la reforma estatutaria –debe ser aprobada por dos tercios de la Cámara autonómica– e insistió en pulir aspectos conflictivos. "Tiene que servir para resolver problemas y no para incrementarlos", declaró. Eso sí, no urge. "Galicia iniciará un proceso de reforma estatutaria constitucional y útil, aún siendo conscientes de que no es la prioridad de los gallegos, a lo largo de la legislatura del Estatuto", apuntó en Lugo.
Un día después de conocerse que el TC declaraba inconstitucional 14 artículos del texto catalán y sometía 27 a interpretación, las diferencias que mostraron los tres grupos gallegos en el Parlamento se mantienen estables.
Sobre el término nación, el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, se mostró tajante: "Aquí no hay un sentimiento nacional, tenemos que acertar con nuestra propia definición", dice rechazando usar esa descripción para la comunidad. En este sentido, la sentencia del TC contribuye a "clarear el panorama", pero lo fundamental radica en "recuperar el clima de entendimiento" para evitar que la negociación derive en un "nuevo fracaso, que sería una pésima noticia", indica el popular Pedro Puy. Éste cree que será necesario conocer la sentencia en su totalidad para analizar artículos como el referido al "deber" de conocer el gallego.
La oposición mostró su deseo de "retomar" la reforma en julio y septiembre con propuestas de PSdeG y BNG, respectivamente. Ninguna prosperó. Los socialistas consideran que es necesario iniciar cuanto antes este proceso aprovechando el trabajo realizado la legislatura pasada. "El 90% de lo pactado sobre un nuevo Estatuto la pasada legislatura cabe dentro de la sentencia del Constitucional", dice Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz parlamentario del PSdeG. Éste insiste en la necesidad de que el debate se aborde en el Parlamento y que la Xunta "no envíe un texto cerrado", como adelantaron Feijóo y Alfonso Rueda. Pese a todo, la socialista Mar Barcón aseguró que el PSdeG apoyará el nuevo Estatuto "como en el 36 y el 81".
Por su parte, el BNG adelantó un conflicto. Su portavoz nacional, Guillerme Vázquez, aseguró que incluirá el término nación en la propuesta de "Estatuto de primera" que presentarán en los primeros momentos del nuevo curso político que comienza en septiembre.
El Bloque entiende que el TC legitima el uso de "nación", pues no lo elimina del preámbulo catalán, sino que anula su validez jurídica y la convierte en una definición simbólica. "De las pocas cosas que no rechaza el TC es que figure el término nación", dijo Vázquez.
Finalmente cargó contra el Constitucional por no respetar el texto catalán, aprobado también por las Cortes Generales. "Le preocupa más la sacrosanta indisolubilidad de la nación española que el pacto político", afirmó. Por ello, no dudó en calificar de "inaceptable" el fallo.