Ni para la luz, el teléfono o pagar a sus proveedores. El ahogo financiero de los concellos se agrava mes tras mes. A los problemas puntuales de algunos ayuntamientos para hacer frente a las nóminas y a las pagas extra, se sumaron los recortes en gastos lúdicos y de carácter social. En la actualidad, el día a día de medio centenar de municipios gallegos resulta "complicado" por la falta de liquidez, según apunta el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández. El nivel de endeudamiento llega hasta el punto de que apenas tienen fondos para pagar a sus proveedores y sufragar los servicios básicos. Unas cuentas en números rojos que se traducen en facturas pendientes de luz, basura, teléfono o calefacción por un plazo superior a los seis meses, cuando la media es de entre 60 y 180 días. En los últimos tres meses, la lista de concellos asfixiados por la crisis del ladrillo y la caída de la participación en los ingresos del Estado casi se ha duplicado. De los 30 concellos con cuentas pendientes en marzo, la deuda con proveedores y facturas pendientes de pago se ceba ya con 50 municipios, es decir, el 16% de los ayuntamientos gallegos.

"Esta delicada situación se ha agravado en los últimos meses, pero el número de concellos con problemas financieros engordará aún más a lo largo del año", alerta el presidente de la Fegamp, al tiempo que reconoce que los concellos más endeudados no responden a un perfil tipo. "Ni por provincias o tamaño, ni por el presupuesto que manejan", asegura el también alcalde de Ames.

Lo que sí tienen en común es la receta para revocar esta situación. Fácil de plantear, pero difícil de ejecutar: recortar gastos. "Los concejales de Economía y Hacienda en cada uno de estos municipios –detalla Fernández– están llevando a cabo una contabilidad diaria para determinar dónde recortar y dónde gastar". Es lo que define como "economía de guerra". "No queda otra que administrar día a día; entra tanto, pago tanto", concluye.

Las dificultades financieras de los municipios han transcendido a cuentagotas; y los alcaldes se muestran reacios a reconocer la falta de liquidez de las arcas municipales tanto por el recelo a las críticas de la oposición como a la alarma que pueda generar entre sus vecinos. Municipios como Carral, Miño, Os Blancos, Cangas, Moaña o Mondoñedo estuvieron en el punto de mira. En el área metropolitana de A Coruña, Sada, Abegondo, Betanzos Carral y Oleiros solicitaron destinar la mitad de la inversión del Plan de Obras y Servicios de la Diputación a pagar sus gastos corrientes.

El municipio ourensano de Os Blancos, con apenas mil vecinos y 60 personas en nómina, adeuda dos millones de euros. El Concello de Cangas, incluso trata de recortar el gasto en papel, pero reconocen que es "difícil" recortar en el gasto corriente –con un remanente de -9 millones de euros, de los que el 80% corresponde a personal y para pagar el sueldo tuvieron que recurrir a un crédito de 1,5 millones–.

Pero no sólo los ayuntamientos tienen problemas. Las comunidades autónomas también deben ajustar sus recursos y la prueba es que están obligadas a devolver unos 20.000 millones de euros al Estado correspondientes al ejercicio 2009 como consecuencia de las entregas a cuenta del sistema de financiación, devolución que rondará los 5.700 millones en lo que respecta a 2008.

Mensualidades

Así lo confirmó ayer en su primera comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, el director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, que destacó que esa devolución la harán las comunidades en sesenta mensualidades a partir del año que viene (el importe de las entregas de 2008) y en 2012 (el de las de 2009). En cuanto a las entidades locales, deberán devolver 1.612 millones a cuenta de 2008 y 4.000 millones de 2009.

Sobre los cambios fiscales introducidos por el Gobierno, el director de la Agencia Tributaria informó de que supondrán un aumento en la recaudación de 7.160 millones, con un incremento de 3.670 millones en el IRPF por la eliminación parcial de la desgravación de los 400 euros, y de 1.900 millones por la subida del IVA a partir de julio.