El Gobierno gallego busca 3.000 millones de capital privado en cinco años para financiar obras

SELINA OTERO / X. A. TABOADA - VIGO En época de crisis, los presupuestos de las administraciones para construir obra pública sufren los más drásticos recortes. Ante el tijeretazo, la cúpula política tiene dos opciones: esperar a que pase la tormenta económica paralizando los proyectos previstos y sin lugar a plantearse nuevas construcciones o arreglárselas para conseguir fondos al margen de las arcas públicas. El salvador,en este caso: el sector empresarial. La Xunta busca más de 3.000 millones de capital privado en cinco años para sacar adelante infraestructuras a las que no está dispuesta a renunciar pese al bajón de la caja fuerte de la adminsitración. La propuesta está en la mesa: ahora falta el sí de los empresarios.
Carreteras, autovías, hospitales, centros de salud y plantas de residuos que la Administración gallega anuncia hasta 2015 dependen de la disposición de los empresarios a invertir sus recursos vía concesiones. Tal y como anunciaron en los últimos meses las Consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y la de Sanidade, un porcentaje de cada proyecto ha de proceder, necesariamente, de fondos privados.
El departamento que dirige Agustín Hernández quiere conseguir 1.620 millones de euros (el 35% del coste total) para su plan de infraestructuras 2009-2015, que prevé construir 352 kilómetros nuevos de viales en territorio gallego: las empresas que asuman la ejecución de las carreteras y autovías se encargarán de su futura explotación a cambio de que la Xunta le pague anualmente una cantidad en función de los tráficos que se registren, fórmula más conocida como "peaje en la sombra". El primer tramo que se realizará bajo está fórmula es la autovía Carballo-Berdoias. "Estamos a punto de adjudicar esta autovía, con una inversión de 200 millones por la que han presentado ofertas tres grupos empresariales. Esta semana se constituirá la mesa de contratación", avanzó el conselleiro de Medio Ambiente, quien asegura "tener bastantes esperanzas en el desdoblamiento del corredor de O Morrazo con un contrato de larga duración asociado a la conservación de la vía. "Habrá que ver si el mercado financiero no está lo suficientemente deteriorado como para que no haya concurrencia. Creo que la habrá porque el canon que pagará la Xunta será en función de los tráficos y del estado de conservación de la autovía. Esta segunda variable gusta más a las entidades financieras", argumentó Hernández.
Según las previsiones de Medio Ambiente, Territorio e Infraesetruturas, los corredores de Brión-Noia y Nadela-Sarria serán los próximos proyectos en los que la empresa concesionaria adelante el dinero para posteriormente cobrarlo mediante un canon anual. "Estamos reflexionando para sustituir en 2011 los contratos únicamente de conservación de carreteras autonómicas por otros mixtos, de más larga duración, que incluya también un apartado de reformas y mejora", adelantó Hernández. La Consellería de Medio Ambiente también busca financiación empresarial para la construcción y posterior explotación de la incineradora y las nuevas plantas de compostaje previstas en el Plan de Residuos Urbanos (2010-2020), en concreto, 429 millones (el 84% de la inversión total).
La Consellería de Sanidade también ha optado por un modelo de financiación público-privado, el pago aplazado, para la construcción del hospital de Vigo. Es el esquema que seguirá para el nuevo hospital de Pontevedra, la equipación del de Lugo y la construcción de 63 nuevos centros de salud en Galicia. Para ello necesita 1.000 millones de euros en tres años. El pago aplazado permite a la Administración estrenar infraestructuras sin anticipar capital.
La aportación de la Administración es posterior,una vez acabada la obra, mediante el pago de un canon anual a las concesionarias que,en el caso del hospital de Vigo, ascenderá a 71,67 millones de euros anuales, por la construcción,reposición de obras y mobiliario y la prestación de servicios no clínicos.
En total, son 3.049 millones de euros los que la Xunta pretende captar en las empresas para poner en marcha la maquinaria de obra pública en esta legislatura y parte de la próxima; inversión privada que hipoteca a la Administración para los próximos 20 años, con pagos anuales de cánones más intereses.